EDITORIAL | Un sistema educativo sin discriminaciones

El acceso al sistema educativo debe ser universal para todos, también para las familias con niños con necesidades especiales que tienen como los demás el derecho a elegir el centro en el que escolaricen a sus hijos. Lo que parece evidente no lo es tanto si se tiene en cuenta que las familias se ven obligadas a aceptar el centro escolar que cuenta con los medios necesarios para atender las necesidades de sus hijos, esté cerca o no de su domicilio, facilite o no la conciliación laboral y familiar. La Junta de Castilla y León, a través del decreto que tramita para regular un sistema de admisión a los centros escolares sin segregación, debería aspirar a conseguir máximos y no conformarse con mínimos. Si a lo que se aspira es a un sistema educativo igualitario y sin discriminaciones, la normativa debería prever el acondicionamiento de los centros para estar disponibles para acoger todo tipo de discapacidades, también en el caso de los colegios concertados, que están sostenidos por fondos públicos y, por lo tanto, deben cumplir los mismos requisitos y obligaciones que los públicos. Esta regulación que tramita la consejería también pretende evitar los centros gueto en los que se concentren alumnos con desventaja social o económica o de etnias minoritarias. La aplicación de la norma se extiende a los centros concertados, sostenidos con fondos públicos y que, por tanto, se deben ver sometidos a las mismas reglas de admisión de alumnado que la escuela pública. Lo interesante será ver cómo la Junta evita que en la práctica vuelva a surgir la trampa para saltarse la ley.