40 años de municipalismo democrático

E n 2017 se cumplieron 40 años desde la celebración de las primeras elecciones democráticas, las convocadas para elegir un parlamento encargado de redactar la Constitución. Hace pocos días se conmemoraron los cuarenta años desde que los españoles fuimos llamados a participar en un referendo para aprobar ese texto constitucional. Con una Constitución en vigor y un parlamento surgido de las urnas, el siguiente paso que dio el gobierno de Adolfo Suárez fue democratizar también las corporaciones locales. Convocó elecciones municipales. Las primeras democráticas desde el golpe de Estado.

El 3 de abril de 1979, apenas cuatro meses después del referendo constitucional, los españoles fueron llamados a las urnas para elegir a sus representantes en los ayuntamientos. Atrás quedaba el sistema de elección por tercios (tercio familiar, tercio sindical y tercio corporativo), una patraña inventada por el franquismo en un intento baldío de aparentar aperturismo político. Atrás quedaba la designación de los alcaldes al libre albedrío del ministro de la Gobernación. Llegaban nuevos tiempos, esta vez para quedarse.

De aquellas primeras elecciones, en León surgieron dos alcaldes. El primer alcalde de la democracia fue el socialista Gregorio Pérez de Lera, nombrado el 19 de abril de 1979. La impugnación de cuatro mesas electorales y la repetición de las elecciones en las mismas, desembocaron, seis meses después, en la pérdida de un concejal del PCE a favor de Coalición Democrática (CD), en la pérdida de la mayoría de concejales de izquierda y en la elección, el 20 de octubre, de un nuevo alcalde: el candidato de la UCD, Juan Morano Masa.

Resulta curioso comprobar cómo un mismo período de tiempo se hace más o menos llevadero según el sistema político que se aplique en cada momento. Cuarenta años en paz y democracia pasan mucho más deprisa, parecen más cortos, que cuatro décadas de opresión bajo la bota de un dictador.

Los ayuntamientos, a partir de la aprobación de la Constitución, pasaron de ser un instrumento al servicio de una dictadura a convertirse en una pieza clave de la democracia. No en vano se trata de las administraciones más próximas, las que están más en contacto diario con la realidad, con la calle, con las gentes. Con los problemas y con las aspiraciones de sus vecinos.

Por eso no es de extrañar que a lo largo de este tiempo los ayuntamientos hayan visto cómo se han incrementado sus competencias, el abanico de servicios que prestan a la sociedad. En unos casos, porque la legislación ha ampliado esas competencias. En otros muchos porque las entidades locales terminan por dar respuesta a determinados problemas que no son de su competencia, ante la pasividad de la administración competente. Se trata del sempiterno problema de las llamadas competencias impropias.

Las diputaciones provinciales también forman parte de una realidad ineludible, al menos en provincias como León. Entre una comunidad autónoma etérea, distante y centralista y los ayuntamientos, la Diputación se presenta como una administración más próxima, más sensible, más ágil y mejor conocedora de la problemática de los pueblos. Por el contrario, la junta de Castilla y León sería una administración perfectamente prescindible para los leoneses.

A lo largo de estos cuarenta años de municipalismo democrático han sido decenas de miles los alcaldes, concejales y diputados provinciales a lo largo de toda España que han servido con honestidad y denuedo, incluso en muchos casos de manera altruista, a sus vecinos. Han sido muchas las necesidades que los ayuntamientos y diputaciones han conseguido satisfacer. A su vez, durante este tiempo, los ciudadanos han tenido ocasión de valorar y reconocer el papel decisivo de las corporaciones locales en la mejora de su calidad de vida.

En un año como el que se inicia, marcado por el calendario electoral, es bueno recordar que las de mayo serán las décimas elecciones municipales de la democracia. Que esta cita cuatrienal para elegir alcaldes y concejales cumple cuarenta años, solo cuarenta años, desde aquel 3 de abril de 1979. Que, salvo casos muy puntuales y al margen de las diatribas políticas en cada caso, las corporaciones locales han respondido a las expectativas que la sociedad había depositado en ellas.

Y también es bueno reconocer que queda mucho por hacer en aspectos como potenciar la autonomía de los entes locales, mejorar su financiación, conseguir una gestión más transparente o democratizar las corporaciones, especialmente las provinciales, todo ello con un objetivo irrenunciable: que los ayuntamientos, las diputaciones y el resto de entes locales sigan prestando más y mejores servicios a los ciudadanos.