EDITORIAL | La norma pone coto al negocio de los subasteros
El Ayuntamiento de León acaba de celebrar la última subasta tradicional, en la que intenta deshacerse de bienes embargados para cobrar las deudas de los ciudadanos. A partir de ahora, las pujas se realizarán por internet a través de la agencia del Boletín Oficial del Estado, lo que permitirá no sólo poner coto a las componendas de los subasteros sino conseguir que los bienes embargados se adjudiquen por un precio que permita mayores holguras que las que ahora ajustan los profesionales de este tipo de procedimientos.
La recaudación municipal subasta cada año 30 de los inmuebles de todo tipo que embarga para hacer frente a los morosos, y también más de un centenar de vehículos, la mayor parte de ellos para chatarra. En realidad la tramitación administrativa hasta llegar al momento de la subasta de lo embargado es largo. Más de dos años de litigio desde que la administración local determina que el cobro tiene que hacerse por vía ejecutiva hasta que se culmina con una subasta.
En la mayor parte de los casos o bien los ciudadanos acaban saldando la deuda antes de perder el bien o la administración encuentra un resquicio por el que cobrar en metálico, que le evite el farragoso procedimiento del embargo y la subasta. Cuando se llega a esta última fase las posibilidades de la administración de lograr más recaudación del mínimo previsto se reducen sensiblemente con el sistema de negocio de los subasteros. Ahora la reforma legal pretende sortear los acuerdos que impiden que en la práctica se hagan pujas que permitan no sólo más transparencia sino mayor participación. Y también mayor recaudación.
