EDITORIAL | Máximo rigor y más medios para hacer eficaz y justa la gestión recaudatoria
El informe del Servicio de Gestión Recaudatoria de la Diputación de León correspondiente a 2018, cuyos datos fundamentales se desgranan en una información que hoy ofrece este periódico, revela que la deuda de los vecinos a los 206 municipios que gestiona ascendió en el último año a 15 millones de euros, lo que supone un incremento de más 600.000 respecto al anterior. Y pese a que la institución provincial, que realiza esa labor que los pequeños ayuntamientos no pueden asumir, emitió 104.000 órdenes de embargo en ese periodo, apenas ejecutó 9.200, que sólo le permitieron recuperar 900.000 euros. Para intentar corregir esa situación, la propia Diputación creará un Servicio de Inspección que asumirá una tarea que hasta el momento venía derivando a Hacienda.
Es obvio que se trata de una situación inadmisible y también que a nadie le gusta pagar impuestos, pero que debe hacerse porque de lo contrario no podrían mantenerse los servicios comunes que sostienen nuestro nivel de desarrollo y calidad de vida. Es exigible a cualquier administración que sea rigurosa en la recaudación, porque lo que tampoco resulta admisible es que la carga de los que eluden sus obligaciones tributarias recaiga sobre quienes cumplen sus deberes fiscales. Es una cuestión de justicia social. Los impuestos son sagrados porque los paga el contribuyente y es necesario atajar la idea de que no se disponen de los medios necesarios para imponer el máximo rigor en su recaudación. O, peor, que la falta de él privilegie a quienes no cumplen y además lo tienen a gala.
