EDITORIAL | Un ajuste laboral en el sector de la banca con graves daños al empleo

La llamada reestructuración bancaria no ha concluido. Después de más de una década los efectos del tsunami que sufrieron las entidades continúa llevando efectos a la economía real. Lo que en su momento se consideraban agrupaciones bancarias para ganar fuerza y ampliar territorios se fue transformando en un proceso de absorciones y fusiones para perseguir la mera supervivencia. Y de la época de las vacas gordas, con las entidades abriendo sucursales por todos partes —especialmente las cajas que buscaban unas expansiones que al final se demostraron ficticias— se ha pasado a una de permanente ajuste para dimensionar unos bancos que llevan años engordando las listas del desempleo o de los prejubilados —como mal menor— para intentar que cuadren sus cuentas.

Ahora a la provincia de León le llegan los efectos de las nuevas operaciones de agrupación bancaria. La unión de Santander y Popular, y el expediente aplicado en Caixabank, se suman a las salidas laborales previstas en entidades como Unicaja y BBVA, que también trabajan en la puesta en marcha de recortes.

Es cierto que las nuevas tecnologías proporcionan hoy otros medios para que los clientes operen. Pero también parece exigible que las entidades faciliten un servicio de calidad, incluso en lugares donde el problema de la despoblación frena su actividad. En el fondo, más allá del negocio existe un servicio público, al que hay que exigirle calidad, y en el que el número de trabajadores disponibles es fundamental. Se está generando un daño social en forma de pérdida de empleo que se centra precisamente en las zonas menos favorecidas. Ajustes, sólo los imprescindibles.