TRIBUNA

Destruir la sanidad pública y el negocio draconiano

Publicado por
María José Rodríguez Rejas Socióloga y profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
León

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S oy una de los 46.795 leoneses que viven en otro lugar del mundo. Esa experiencia nos pone en contacto con otras realidades. En mi caso fue México, un país con gente excepcional que vio como su sistema de salud, al igual que otros ámbitos del bienestar social (pensiones, salarios, etcétera) era sometido a «recortes» sistemáticos durante cuatro décadas de políticas neoliberales.

Hoy, con el cambio de gobierno, enfrenta el reto de reconstruir la salud pública, como también sucedió en Gran Bretaña, para garantizar condiciones de atención y vida dignas a todas las personas. Esto no sólo será complejo sino costoso. Mientras tanto, durante todos esos años, el negocio de la salud privada creció como espuma en un mercado estratificado con opciones para todo tipo de ingresos. Desde luego, a menores ingresos peor atención pero a mayores ingresos tampoco hay plenas garantías porque el paciente es un «cliente» y el objetivo en estos «negocios sanitarios» es ganar dinero. Cuanto más pruebas y más tratamiento, la cuenta es más alta y los beneficios también.

Durante años, el principal motivo de quiebra económica familiar en México han sido los gastos de salud. Actualmente, cerca del 20% de la población no tiene acceso a ningún sistema de atención y, del total de la población, el 50% se atiende en el Seguro Popular, un sistema asistencialista creado hace quince años, que cubre solamente las enfermedades registradas en un catálogo y entre las que no están todas aquellas que son graves. El resultado principal de este programa es que las cifras de exclusión formal se redujeron de forma importante aunque el problema real de atención no fuera resuelto.

La dificultad para hacer frente a los gastos de salud no sólo afecta a quienes tienen menos recursos sino a sectores profesionales con ingresos por encima de la media, cuyo equivalente serían las clases medias en España. En unos casos porque no se cuenta con seguro médico y en otros porque se recurre a la medicina privada ante el deterioro de la sanidad pública, dados los recortes.

Las enfermedades graves son difíciles de costear, incluso si se cuenta con un seguro de gastos médicos privado. Es el caso de Daniela, una mujer que no tiene seguro médico público porque trabaja por su cuenta en el mundo editorial y que es diagnosticada con un cáncer de pulmón. El tratamiento tiene un costo de casi 150.000 euros. Además de enfrentar la enfermedad, que no es poco, hay que vender al mismo tiempo el piso, gastar los ahorros y pedir ayuda a los amigos y familiares para ver si así alcanza. Otro caso similar es el de Tomás, un arquitecto que tiene que enfrentar la enfermedad neurológica de su hijo; su seguro médico privado tampoco cubre el total del gasto. La familia organizó rifas y vendió camisetas estampadas, además de endeudarse para tratar de conseguir el dinero necesario. Si esto es así en los sectores de ingreso medio-alto, tener escasos recursos y no contar con seguro médico público es un problema mucho más grave.

Hace poco, en España, una persona que había acudido al servicio de urgencias del hospital público y que tuvo que esperar largo rato, decía con cierta ligereza: «si cobraran, seguro la gente vendría sólo por cuestiones necesarias». ¿En verdad la mayoría de las personas acuden a urgencias hospitalarias porque no tienen nada mejor que hacer? Sólo cuando no se ha tenido la experiencia de pagar una factura médica hospitalaria pueden realizarse este tipo de afirmaciones.

Soy profesora universitaria en México y tengo una plaza fija con un ingreso razonable. Ante una intervención quirúrgica y la desconfianza en el sistema público, acabé pagando un hospital privado. Los hospitales privados ofertan «paquetes» sanitarios en función del padecimiento que especifican horas de quirófano, días de estancia hospitalaria, anestesia, cantidad de antibióticos, de analgésicos, de gasas, etcétera. Cualquier cosa que no esté estipulada se cobra, incluido el gel antibacterial que se pone en la habitación. En una operación programada, pasas por recepción con tu tarjeta bancaria a la entrada y a la salida; aparte hay que hacer frente al coste del cirujano y su equipo. En una urgencia, las cosas son peores porque están los costos de la unidad de cuidados intensivos y lo que se necesite en el momento. Hay otros hospitales incosteables, en los que no existen los «paquetes» de manera que los gastos son abiertos e indeterminados. El abanico de opciones privadas en precios y calidad es tan amplio como los distintos niveles de ingreso existentes.

Alguien podrá pensar que esto «siempre ha sido así» en lugares distantes a los que hemos puesto esa etiqueta colonialista de «tercer mundo» y que «esto sólo les pasa a los pobres». Permítanme desmentirlo. Toda destrucción del Estado social tiene un proceso. México contó con un sistema de salud que, si bien mantenía diferencias entre el mundo rural y las ciudades, fue capaz de garantizar asistencia gratuita incluidos medicamentos y contar con una red de hospitales generales así como otros de alto nivel dedicados a la investigación y tratamiento (Instituto Nacional de Cancerología, el de Enfermedades respiratorias, Cardiología, etc.). En México, los recortes y desatención que acompañaron a las políticas neoliberales desde inicios de los ochenta del siglo XX, se parecen más al sistema de ahogamiento en el caso español que a otras versiones tal vez más conocidas de privatización como la chilena, en la que se llegó a vender literalmente la infraestructura de salud del país.

No es posible tener una atención de calidad y ética en un sistema de negocio privado en el que un enfermo deja de ser paciente para convertirse en cliente. Nuestro cuerpo es el lugar que habitamos y necesitamos que esté sano para que haya vida, por ello es fundamental que toda persona tenga acceso a un sistema pleno de salud pública y que cuando su salud se resienta sólo tenga que preocuparse por como restablecerla y no por cómo pagar la factura médica.

En España, ya existen situaciones preocupantes. Derivado del copago, «ese poco» que hay que pagar se convierte para algunos ancianos con pensiones bajas en un dilema al tener que «elegir» qué medicamentos comprar porque no alcanza para todos. El endurecimiento de bajas médicas por enfermedad hace que no pocos trabajadores y trabajadoras acudan a su lugar de trabajo enfermos, si no quieren ver un descuento importante en su nómina cuando se trata de pocos de días.

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Los seguros médicos privados ahora tan publicitados y que se presentan como opción complementaria para los más jóvenes, no son una solución sino la entrada en un circuito de pago y endeudamiento al que cada vez menos personas en este país podrán responder, asediadas por salarios precarios y el encarecimiento de la vivienda; resultado de las políticas neoliberales que se extienden en España. Frenar hoy el desmantelamiento de la sanidad pública es condición necesaria para garantizar nuestra vida y contener la brecha de desigualdad y pobreza que no cesa de crecer.