EDITORIAL | Un esfuerzo por mantener a salvo el Camino
La Ley de Patrimonio Cultural va camino de cumplir 20 años y la mayor parte de los ayuntamientos de León con territorio en el Camino de Santiago aún no ha aprobado el Plan Especial de Protección para el entorno al que les obliga la normativa. Se trata de un instrumento con el que se blindan los tramos jacobeos en aras de que su conservación prime por encima de otros usos, tal y como se impone con todos los bienes de interés cultural. Sin embargo, la mentalidad de proteger el principal itinerario cultural europeo no está asentada en los municipios leoneses pese a que formar parte de la ruta redunda siempre en importantes beneficios para el turismo local. El alto coste de elaborar los informes, que ronda los 20.000 euros, está detrás de estos incumplimientos y los ayuntamientos pequeños —la mayoría lo son— no cuentan con fondos suficientes para semejante desembolso. En este caso son las administraciones como la Junta y la Diputación quienes deben implicarse para crear una línea de subvenciones para apoyar a los municipios que se encuentran en este trance. Sin embargo, hay grandes ayuntamientos como León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo que tampoco han aprobado el plan y sí disponen de recursos para sacarlo adelante. En estos casos, no se pueden poner más objeciones que la falta de voluntad para sacarlo adelante. El impacto económico del Camino de Santiago en la provincia ronda los 24 millones de euros anuales. Esta cifra bien vale un esfuerzo por parte de todos para que en el Año Jacobeo 2021 no existan estas carencias.
