Conseguidores
l comisario José Manuel Villarejo es un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que aparece envuelto como conseguidor en los principales escándalos de las últimas décadas, a través de diversas empresas de detectives y abogados. José Manuel Villarejo se ha definido a sí mismo como «agente encubierto» y ha dicho que sus empresas están al servicio de la policía desde hace veinte años En la actualidad, Villarejo está en prisión, tras la apertura de un macrosumario en la Audiencia Nacional, dividido en diez piezas. En la actualidad, está en ebullición la novena pieza separada, en la que García Castellón acaba de imputar al BBVA como persona jurídica, acusada de presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. El caos ha saltado al descubrirse que Francisco González había montado una trama de espionaje contra quienes pretendían, al parecer, hacerse con el banco a través de Sacyr.
La lectura de todo lo publicado sobre las diez piezas investigadas, que son como un compendio de la corrupción hispana, y en las que aparecen los protagonistas de las distintas mafias que pueblan este país, resultad desolador. Porque es difícil de entender que Villarejo y sus hayan campado por sus respetos desde 1993 hasta 2015, vulnerando presuntamente las leyes, realizando investigaciones claramente ilegales y facilitando la violación del ordenamiento vigente a cambio de grandes caudales. La fortuna acumulada por Villarejo —y abonada, ente otros, por el BBVA— es mareante.
Entre noviembre de 1993 y abril de 2015 han sido sucesivamente ministros del Interior Antoni Asunción, Juan Alberto Belloch, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Angel Acebes, José Antonio Alonso, Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho y Jorge Fernández Díaz. Parece claro que con todos ellos el ministerio en el que descansaba la fuerza civil del Estado de Derecho mantenía en su seno a un grupo de funcionarios criminales que facilitaba a cambio de dinero el quebrantamiento de las leyes. Nadie se percató de ello o nadie quiso arrostrar los inconvenientes que le acarearía destapar aquel inmundo agujero en la Seguridad del Estado. Una vez más los tribunales —el Poder Judicial—tienen que salir en socorro del régimen constitucional, humillado y eclipsado por la putrefacción de uno de sus compartimentos estancos, indetectado por el Poder Ejecutivo.