Rebelión andaluza

AS leyes están para cumplirse, y el hecho de que alguna resulte odiosa a un sector ciudadano no justifica su incumplimiento. Ante las leyes controvertidas se alza el recurso de inconstitucionalidad, que no frena, sin embargo, la aplicación de la norma recurrida. Sorprende por ello que la Junta andaluza anuncie que va a poner en marcha contra el decreto que reforma el sistema de desempleo todo tipo de iniciativas, de carácter político, institucional y jurídico, para evitar que pueda aplicarse en Andalucía. El asunto está haciendo chirriar los engranajes institucionales, pues las autonomías no son reinos de taifas sino territorios diferenciados y con amplias facultades de autogobierno, aunque bajo la autoridad superior del Estado, excepto en el amplio caudal de competencias transferidas. Puede y tal vez deba la Junta andaluza, hondamente preocupada por los efectos del llamado «decretazo» sobre las zonas rurales de paro estacional, elevar un recurso de inconstitucionalidad, pero las otras medidas de carácter político que estudia podrían desencadenar una serie de escaramuzas administrativas cuyo resultado, de ser favorable a Andalucía, afectaría negativamente al poder legislativo. Es lógico que las comunidades autónomas se sientan orgullosas y celosas de sus respectivos autogobiernos, pero zancadillear una norma aprobada, para todo el Estado, por el Parlamento español exige unas serie de aclaraciones inmediatas por ambos gobiernos, estatal y andaluz. Existe el antecedente del «medicamentazo», que Chaves se negó a aplicar y no aplicó en Andalucía, con el aplauso de los andaluces, pero una reforma como la del sistema de desempleo, encuadrada en el marco de las reformas sociales del presidente Aznar, debiera combatirse, al margen del recurso de inconstitucionalidad, con las reglas de la democracia, la principal de las cuales es la alternancia en el poder, por lo que Manuel Chaves tal vez debiera desplegar todos sus esfuerzos en apoyar a su propio partido, el PSOE, para que le gane al PP las elecciones legislativas del 2004, y tras la victoria, derogar el «decretazo», si su propio Gobierno se atreviera entonces. Hay, sin embargo, un punto de interpretación delicada respecto a la aplicación de este controvertido decreto en Andalucía, pues la Junta tiene competencias sobre las políticas activas del INEM, y la decretada reforma del sistema de desempleo regula a veces minuciosamente sobre esas competencias transferidas. Si la Junta desarrollara sus propias políticas de empleo, tal vez la aplicación de la reforma del sistema se viera muy diluida en las zonas rurales donde se teme que vaya desapareciendo en PER.