Diario de León
Publicado por
Luis-Ángel Alonso Saravia Exempleado de Caja España
León

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El 10 de diciembre del pasado año, el Banco Central Europeo decidió aumentar el volumen de compra de la deuda emitida por los Estados miembros hasta los 500.000 millones de euros como medida para hacer frente al coronavirus y sus consecuencias, prolongándola, al menos, hasta marzo de 2022. También decidió mantener los tipos de interés de las subastas semanales en el 0%, la facilitación de los depósitos la dejaba en el -0,5% y los tipos de interés de la facilidad marginal del crédito en el 0,25%.

Se trataba de un conjunto de medidas de política monetaria que, en palabras de su presidenta Christine Lagarde, «contribuirán a preservar las condiciones favorables de financiamiento durante el período de la pandemia, apoyando así el flujo de crédito a todos los sectores de la economía, apuntalar la actividad económica y salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo».

En el caso de España, mientras que los inversores extranjeros se desprendían de 20.000 millones de euros en productos de deuda pública española desde el inicio de la pandemia, el BCE tuvo que realizar adquisiciones de deuda en el 2020 por un importe cercano a los 140.000 millones de euros. La pregunta que analistas y tertulianos se hacen es: ¿a cuánto ascenderán las compras que a lo largo del presente año 2021 habrá de efectuar el BCE para que el desGobierno socialcomunista del manirroto Pedro coronaenchufes continúe con su despilfarro? «Los excesos que este Gobierno está cometiendo con el gasto público… se harán presentes de golpe con unos ratios de déficit y deuda sobre PIB insostenibles a medio plazo, a los que este Gobierno, o el que venga detrás, tendrá que hacer frente pasando la minuta a cobro de una ciudadanía que parece no querer darse por enterada de lo que ocurre» (J. Cacho).

A primeros del presente año 2021, la Comisión Europea anunció su intención de prolongar la vigencia de la suspensión de las reglas fiscales durante el año 2022 —que ya lo estaban para los años 2020 y 2021—, lo que quería decir que la Comisión dejaría de vigilar el déficit y la deuda pública de sus Estados miembros, permitiéndoles seguir incrementado el gasto sin control alguno. Se abría, pues, el grifo, y al extremista ‘plus ultra’ e incompetente de Pedro Sánchez no le faltó tiempo para publicitar el incremento del gasto —más deuda— en 11.000 millones de euros. Nueva ocurrencia de la pirotécnica y mercenaria factoría monclovita.

Sin embargo, la misma Comisión Europea no tardaría en recordar que los fondos europeos de recuperación que le corresponden a cada Estado se recortarán hasta en un 25%, caso de que los Gobiernos de cada país no adopten medidas efectivas para reducir el déficit público, lo que a España le podría suponer un recorte de hasta 37.500 millones de euros menos de los 150.000 millones asignados. De producirse semejante situación, el déficit se incrementaría en la referida cantidad y la crisis de deuda en la que España caería sería de tal dimensión que, ni con medidas de austeridad (recortes), ni con subidas de la fiscalidad (incremento de los impuestos), ni aplicando ambas a la vez, se podría solventar la situación. En Bruselas ponen condiciones y exigen que los fondos comunitarios no se dilapiden en clientelismo e ineficaces ‘planes E’ zapateriles.

«Sin esos fondos será el llanto y rechinar de dientes… La Unión Europea no va a soltar un euro sin garantías. El Gobierno de Sánchez lleva tiempo bajo la lupa de dirigentes ‘austeros’ que mantienen la sospecha de que España se ha convertido en la casa de tócame Roque. Su deuda incontenible, cuentas amañadas y el escaso celo en los controles hacen que se vean en la necesidad de exigir rigor, transparencia, solvencia y limpieza si los gobernantes españoles quieren ver los billetes de 500 euros aparecer por el búnker de la Cibeles… La sombra de un protectorado económico sobre España está cada vez más cerca» (G. Palomo).

En el horizonte aparece una España lastrada por un déficit del 11% del PIB y una deuda pública del 120% sobre el PIB. Si la burbuja de deuda estallara, sus efectos serían brutales. A los previsibles conflictos sociales, que terminarían en impredecibles consecuencias -«somos carne de desorden social y populismo» (D. Rodríguez Asensio)-, sucedería una presumible, y no muy lejana, nueva crisis financiera.

L.F. Quintero ha recordado que en diciembre de 2020 lo advirtió William White, ex economista jefe del Banco de Pagos Internacionales cuando denunció lo que llamó ‘trampa de la deuda’, «según la cual los bancos centrales, aunque saben que no pueden mantener las tasas de interés tan bajas como están porque provocan más deuda incontrolable y malos comportamientos por parte de los Estados, también saben que no pueden subirlas porque desencadenarían esa misma crisis que están tratando de evitar. En otras palabras, se ven obligados a seguir haciendo lo que están haciendo aunque al hacerlo empeoren la situación. En definitiva, decía White ‘los bancos centrales se están disparando en el pie’». El propio Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, también ha advertido recientemente que «hay que evitar a toda costa que la crisis sanitaria, que se ha transformado en crisis económica, acabe generando una crisis financiera».

La luz roja se ha encendido, las inversiones foráneas huyen de España, la crisis de deuda presagia nueva crisis financiera y, mientras tanto, Pedro Sánchez entretenido con mociones de censura.

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