Sociedad claudicante

Laureano M. Rubio Pérez. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de León LA provincia de León, existente como tal ya en los inicios del siglo XVI y eje central de uno de los reinos más antiguos de la Península Ibérica, anexionado posteriormente a la Corona de Castilla, fue uno de los pocos territorios que pese a perder sus fueros mantuvo buena parte de sus rasgos diferenciales manifestados en su sistema de poblamiento y de autogobierno. La conservación de sus gobiernos concejiles, del concejo de vecinos como forma de autogestión directa, del control directo sobre el espacio, sobre los recursos económicos y sobre las actividades productivas, parecen ser los factores que justifican que al día de hoy esta provincia sea la que más patrimonio comunal, virgen y labradío, conserva de España; la que mantenga aún en sus pueblos el autogobierno concejil de forma generalizada o donde el ordenamiento local o el derecho consuetudinario sirve aún de base para el funcionamiento de buena parte de las comunidades rurales. Pero, ¿por qué mientras que el resto de los territorios y reinos de la Corona de Castilla fueron perdiendo sus señas de identidad, su autogobierno y su patrimonio colectivo, los leoneses las mantuvieron incluso por encima de las reformas liberales del siglo XIX y las dictaduras del XX?. La respuesta sólo puede ser una: por el carácter reivindicativo y litigante de un pueblo que desde el marco referencial administrativo del Reno de León llevó siempre hasta las últimas consecuencias la defensa de sus derechos y de su patrimonio. Durante casi diez siglos los leoneses son definidos como obstinados, litigantes y acérrimos defensores de su tierra desde la fuerza que le daba el colectivismo y el comunitarismo y el marco legal del derecho consuetudinario leonés, lo que generó que la provincia de León fuese durante siglos la más litigante de la Corona, tal como demuestra la documentación de la Chancillería de Valladolid donde se dilucidaron en primera instancia y en vía de apelación la mayor parte de los litigios colectivos. Sin embargo y pese a tantos siglos de proceso histórico común, de acción colectiva, de solidaridades y de configuración de una mentalidad litigante y rebelde, la sociedad leonesa, que durante tanto tiempo se identificó bajo la pluralidad de sus comarcas y bajo el marco administrativo del Reino de León, parece entrar en un letargo que desde la apatía y el conformismo la conduce hacia una nueva y reciente fase en la que no sólo se ha perdido la capacidad reivindicativa y litigante desde la acción colectiva, sino que el total desinterés por las raíces y derechos históricos, por las señas de identidad y por la defensa de la tierra, son el mejor reflejo, a diferencia de otros pueblos en la mente de todos, de una apatía y derrotismo que en el marco de la nueva España de las autonomías puede tener a medio plazo consecuencias muy negativas. Máxime cuando ahora las decisiones sobre el futuro de esta tierra se toman fuera, sabiendo los que tienen el poder que la capacidad de respuesta de los leoneses, por muchas razones, cada vez está más mediatizada y anulada en tanto en cuanto el individualismo claudicante va atrofiando a una sociedad envejecida que, como es obvio, sólo se preocupa de sus pensiones y en modo alguno de conservar el trabajo y los recursos para sus hijos, tal como ocurriera en aquellos tiempos en los que labradores y mineros luchaban por asegurar el futuro de sus hijos. Ahora, a diferencia de otros tiempos, luchan por jubilarse lo más pronto posible y porque sus hijos no entren en la dura mina, ni vivan arrastrados en un medio rural cada vez más dependiente de las subvenciones ridículas de la P.A.C. y carente de servicios fundamentales. ¿Pero, cuándo y qué causas han motivado una situación que de no frenarse parece conducir al pueblo leonés a un futuro incierto y a la pérdida de todos aquellos valores que durante diez siglos fueron forjando nuestros antepasados?. Existen determinadas circunstancias y momentos claves en nuestro reciente pasado que convienen tener en cuenta. El primero viene marcado por la Guerra Civil, por su desenlace y por la fractura social que generó, amén de las directrices del nuevo régimen político. A esto hay que añadir la posterior sangría emigratoria sufrida por nuestros pueblos y el progresivo abandono del campo hacia los pequeños centros urbanos mediante el reclamo de una vida mejor y dado que en el mundo rural apenas se había llevado a cabo reformas estructurales, pues cuando llega el regadío y el aparcelamiento para algunas comarcas ya era demasiado tarde. En esta tesitura y a falta de infraestructuras, de conexiones campo-ciudad y, sobre todo, de servicios mínimos en nuestro mundo rural, resulta harto difícil fijar población en nuestros pueblos, pues a diferencia de otras regiones aquí no existe el subsidio agrario. Pero, en este proceso tan culpables son los dirigentes como los dirigidos, especialmente aquellos que por su cultura, formación o posición tienen la obligación de velar por el futuro de esta tierra y de sus gentes. Mientras que los dirigidos, es decir el pueblo, debe defender sus derechos históricos, su tierra, sus recursos, pues así se lo demandarán las generaciones venideras, los dirigentes entre los que se incluyen los altos cargos que gobiernan la universidad leonesa han de ser los primeros valedores a la hora de hacer que esta tierra no pierda su identidad, una identidad diferencial que no es ni mejor ni peor que la de otras tierras o regiones, pero que a través de sus diferentes formas y símbolos debe de servir para mantener esa capacidad de acción colectiva y reivindicativa que siempre tuvo el pueblo leonés. Alguien dijo que cuando un pueblo olvida el legado histórico de sus antepasados, sus raíces y los derechos adquiridos durante siglos de historia y empeños comunes, está condenado a morir.