Colegio Valbuena y negligencias socialistas

LA suerte. Sólo la suerte y la profesionalidad de la maestra doña Maribel Castro lograron salvar a veinticinco niños de una catástrofe de proporciones incalculables el pasado martes doce de noviembre cuando se derrumbó parte del techo de una de las aulas del Colegio Antonio Valbuena donde permanecían los escolares. Todos tenemos presente la gran tragedia sufrida en San Giuliano di Puglia en fechas no muy lejanas. Aquello emanó de unas causas producidas por la naturaleza que se plasmaron a través de la fuerza de un terremoto. A ello se unió la negligencia humana al aumentar un piso de la escuela italiana sin tener presente las causas constructivas negativas que emanarían de tal decisión. Sin ser catastrofistas, ni pretender alarmar a nadie, el desprendimiento de los techos del parvulario del Antonio Valbuena pudo haber seguido las mismas directrices del país transalpino. En este caso la imprevisión humana vuelve a aparecer por cuanto los materiales utilizados en el techo no tienen la suficiente calidad ni resistencia para el fin último que fueron concebidos que es la perfecta seguridad de los niños. Pero la mayor gravedad reside en la soberbia de los gobernantes socialistas. En la indolencia que suministra el saberse poseedor de la verdad absoluta. El sentirse por encima de cualquiera de los mortales. Sencillamente, el ser ineptos en la forma de legislar. El Grupo de Concejales del Partido Popular presentó, el diez de mayo de 2001, en el registro del Ayuntamiento de San Andrés una moción para la elaboración de un inventario sobre deficiencias en los colegios públicos del municipio de San Andrés. Fue debatida en la Comisión Informativa de Educación y Cultura del día veinticuatro de mayo. La moción se justifica al amparo de lo dispuesto en diversos artículos de las Bases del Régimen Local que establecen que el municipio puede promover actividades y prestar servicios a las necesidades de la comunidad vecinal. Del mismo modo, la Ley Orgánica 1/1990 de tres de octubre de Ordenación del Sistema Educativo atribuye a los ayuntamientos las funciones de mantenimiento, conservación y vigilancia de los edificios destinados a la educación infantil, primaria o especial. El Grupo Popular se anticipó a los lamentables acontecimientos que acaecieron el doce de noviembre de 2002 considerando que el estado de las instalaciones de los colegios públicos del municipio de San Andrés es susceptible de una clara mejora a tenor de las necesidades planteadas por la comunidad educativa y de los padres de alumnos. Para ello realizó cuatro propuestas de decisión : 1. Que se elabore un inventario de deficiencias en los colegios públicos de San Andrés donde se recojan las carencias de dichos centros. 2. Que el citado inventario sea elaborado conjuntamente por los consejos escolares de cada centro y los servicios técnicos municipales. 3. Que una vez obtenido se realice su cuantificación y sirva de base para la redacción de un plan anual de prioridades e ir solventando las deficiencias detectadas en los distintos centros. 4. Que aquellas necesidades que se detecten y que supongan deficiencias estructurales de los centros cuya competencia está en manos de la Junta de Castilla y León se remitan a la misma instando a su realización. A toda esta batería de propuestas la concejala socialista comisionada del área de educación respondió que el director de cada centro elabora una vez al año un inventario de las deficiencias. Los ediles populares apuntaron que la moción iba encaminada a que la revisión se produzca una vez al año por parte de los técnicos municipales, expertos en materia de edificabilidad y resistencia de los materiales que lógicamente detectarán más desperfectos que los directores de los centros cuyas habilidades van encaminadas hacia otras disciplinas. Una vez sometida a votación, la moción presentada por el Partido Popular, los seis miembros socialistas que integraban la comisión votaron en contra impidiendo con su voto negativo que fuera debatida en el pleno municipal. Una vez más la incoherencia y el desatino se adueñaron de las filas socialistas. Si se hubiese aceptado la propuesta, la situación del desalojo del parvulario Antonio Valbuena nunca se hubiese producido. La previsión no parece ser una de las características de los actuales regidores. Ante tanta insensatez el grupo de concejales del PP exigió la dimisión inmediata de la concejala de Cultura, María Eugenia Gancedo García, pero no se produjo. Incluso tuvo la osadía, la referida concejala, de instar a los concejales populares a que dimitiesen ellos denominándoles incompetentes y oportunistas. Qué manera de escabullirse y formar un revuelo de cara a la galería. Es un descaro político difícilmente excusable. ¿por qué ahora exige responsabilidades a todo el mundo cuando es ella la máxima culpable ? Tuvo una oportunidad de oro al presentar la moción el PP hace año y medio sobre las deficiencias en los colegios públicos pero la arrogancia y la altivez pudo más que la razón. Las diversas anomalías no se subsanaron a su debido tiempo y el resultado fue el desplome del techo del parvulario. Las negligencias políticas de este calibre deben repararse mediante el cese inmediato del cargo. Pero el apego al poder para la concejala socialista es más consistente que su responsabilidad como gobernante. El susto de los niños, la angustia de los padres y toda la alarma social se hubiesen evitado, simplemente con prestar atención y tener respeto hacía las propuestas de otros grupos políticos.