Escuela pública y «Ley de Calidad»

Defender la escuela pública y, al mismo tiempo, apoyar el Proyecto de Ley de Calidad de la Educación es tarea imposible. Son dos opciones incompatibles. La escuela pública, para que pueda recibir el nombre de tal, ha de ser: democrática, participativa, compensadora de desigualdades, científica, laica, pluralista, integradora, formadora de personas libres y solidarias, dotada de suficientes medios materiales y humanos... No es esta la escuela a la que nos conduce el Proyecto del PP. La gestión democrática, el derecho a la participación van a quedar barridos. Distingue claramente el Proyecto entre órganos de gobierno y órganos de participación. Quienes mandan son los primeros, es decir, el director y los miembros acompañantes del equipo directivo. Los demás órganos -consejo escolar, claustro de profesores- serán mera comparsa. La elección del director quedará en manos de la Administración, de la que aquél será fiel lacayo. La participación del profesorado en igualdad de condiciones quedará aún más deteriorada con la caduca recuperación, clasista y jerarquizante, del antiguo cuerpo de catedráticos de secundaria. La compensación de desigualdades no se ve por ninguna parte. Al contrario, del conjunto de medidas incluidas en el Proyecto se deduce que la finalidad primordial de la nueva Ley es favorecer a quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender. Se busca, sobre todo, atender y mimar las excelencias. Es revelador de estas intenciones de fondo, y a veces incluso de forma, el artículo 5: «Premios y reconocimientos»· Merece este artículo una lectura y reflexión detenidas. El alumnado que presenta más dificultades quedará arrinconado en vías muertas: sospechosos grupos de refuerzo y apoyo en 1º y 2º de ESO, itinerarios de tercera, programas de iniciación profesional a los 15 años... Lejos de ser eliminadas del currículo, las enseñanzas de carácter confesional van a recibir un mayor apoyo. Para que el alumnado no huya de las clases de Religión, la alternativa que se ofrezca tendrá un peso más sólido, convirtiendo así a este segundo grupo de alumnas y alumnos en rehenes de los primeros. Con la denominación de Sociedad, Cultura y Religión, se establece una nueva área que comprenderá dos opciones, una de carácter confesional y otra no confesional, igualando ambas materias en rango académico y científico, lo que no deja de ser un intento de burdo engaño. A la nueva escuela del PP le va a costar trabajo formar personas libres y solidarias. No se es libre si no se dispone de cauces reales de participación en el desarrollo de la vida del centro; no se es libre si, ante las dificultades de aprendizaje, no se reciben los apoyos personales necesarios y te empujan por caminos marginales. Cuando se fomenta la competitividad, cuando se premian las excelencias, cuando se hacen hirientes discriminaciones entre listos y torpes, cuando se da una total prioridad a la adquisición de contenidos y se relega la educación en valores, cuando se establecen divisiones jerarquizantes entre los distintos componentes del centro..., no hay forma de educar en y para la solidaridad. De la financiación de la nueva Ley no se habla para nada. Medidas que supondrían claramente un notable aumento de la calidad y una correlativa disminución del fracaso escolar, como el incremento de plantillas y la reducción de ratios ni se citan. Una medida tan simple como reducir a 15-18 el número de alumnos por aula, en la mayor parte de las materias, constituiría un importantísimo avance. La única dificultad es que cuesta dinero y no hay voluntad política de hacerlo. La Ley de Calidad incrementa los privilegios de la enseñanza privada concertada. Se extienden los conciertos a toda la educación infantil, ya que este nivel adquiere el carácter de gratuito. Como consecuencia de esta Ley, pronto veremos, por ejemplo, que incluso el selecto Colegio Peñacorada de León pasa a ser concertado. Es evidente que la «especialización curricular», brillante hallazgo del proyecto de ley, introducirá importantes diferencias en el escalafón de los centros, abriendo aún más la brecha entre públicos y concertados. Esta nueva figura de centros está en total consonancia con el sentido fundamental de la Ley: búsqueda de la excelencia a favor del alumnado más aventajado. Por lo que respecta al ideario o carácter propio de los centros privados concertados -generalmente católico- se establecen en la Ley dos principios que, a mi juicio, son contradictorios: «En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, sociales, de raza o nacimiento» (Art. 72.4). «La elección del centro por las familias y alumnos comportará la aceptación del carácter propio de éste» (Art. 73.2). En lugar de aprovechar la Ley de Calidad para potenciar la escuela pública y poner coto a los excesivos tentáculos de la enseñanza privada concertada, lo que se hace es lo contrario. No, no es posible compatibilizar, por más que algunas y algunos lo intenten, la defensa de la escuela pública con el apoyo a la Ley de Calidad del PP.