De sanchismo, amnistías, desigualdad y León
El presidente del Gobierno definió recientemente en un famoso programa de televisión que el sanchismo era «maldad, mentira y manipulación». Manifiesto mi conformidad con la afirmación, pero se queda corta. El sanchismo es mucho más. Es una manera de gobernar basada en la mentira, en el engaño, en la autocracia, en la desigualdad, en la eliminación de toda barrera ética, en la amoralidad y en las decisiones arbitrarias. En definitiva, una manera de gobernar donde prima el sometimiento de todo principio ético, moral y jurídico al mantenimiento del poder. Esto, y no otra cosa endulzada de progresismo o tolerancia, es el sanchismo y, por extensión, el PSOE desde 2018.
Lamentablemente, he llegado a la conclusión de que una parte relevante de la sociedad española ha podido normalizar que un presidente del Gobierno mienta, engañe, colonice las instituciones o mercadee con principios fundamentales como la igualdad de todos los españoles, la soberanía nacional o la separación de poderes. Y esto es realmente preocupante ya que un Gobierno con poca catadura moral y todos los recursos del Estado a su disposición tiene capacidad para sistematizar esta situación mediante cortinas de humo mediáticas, subsidios, debates artificiales, creación de enemigos artificiales, etc.
No obstante, una sociedad que vive en democracia —y que pretenda seguir haciéndolo— no debe tolerar esa manera de entender el poder. Por ello, debemos ser persistentes en la denuncia de esta manera de ejercer el poder y de sus consecuencias. Quienes creemos en los principios con los que el PSOE mercadea tenemos la obligación moral de combatir las falacias con las que Sánchez y sus socios pretenden endulzarnos las ruedas de molino con las que quieren que comulguemos y que depreciarán inevitablemente la calidad de nuestra democracia.
Veamos, pues, algunos de los ejemplos de sanchismo más destacados de los últimos tiempos.
El primero de ellos es que los españoles han refrendado el modelo Frankestein del pasado mandato. Mentira. Los partidos independentistas han visto reducido su peso en las Cortes Generales ostensiblemente. También el binomio PSOE-Podemos —ahora Sumar— con 6 diputados menos ha visto reducida su representación. En corto, el PP ganó ampliamente las elecciones y el PSOE las perdió. Por tanto, es el PSOE quien, ante su derrota electoral y consecuente necesidad de apoyos, pone la gobernabilidad del país en partidos que pretenden la ruptura de la nación y la desigualdad de los españoles y, lo que es más grave, la pone en personas fugadas de la justicia española acusadas de delitos muy graves. Un Gobierno democrático negociando su continuidad con delincuentes. Lo nunca visto.
Otro ejemplo de falacia socialista para ensalivar las tragaderas de los españoles es que la amnistía es necesaria para tranquilizar la situación en Cataluña. Por un lado, esta es la misma reflexión que cuando, también por necesidad de un puñado de votos parlamentarios por parte del PSOE, el sanchismo tramitó los indultos a los golpistas; y por otro, son decenas las veces que hemos oído en los últimos meses a voces del Gobierno afirmar que la situación en Cataluña estaba muy tranquila gracias a sus políticas. Entonces… si la situación en Cataluña ya está apaciguada… ¿por qué ahora la urgencia de amnistiar a unos prófugos no arrepentidos? La respuesta es obvia.
Más embustes. Quizás el más grosero de todos: una ley de amnistía es constitucional. No sería necesario por mi parte más explicaciones que referirme a las declaraciones de varios ministros del sanchismo –hasta once ministros- durante los últimos años para explicar por qué una ley de amnistía no cabe en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Unos ministros, algunos aún en ejercicio, cuyo silencio hoy es atronador y cuyo previsible voto favorable mañana será otra muesca más en su indignidad política, especialmente quienes son magistrados.
Otra trampa que oiremos derivada de lo anterior es que quien decide la constitucionalidad de algo es el Tribunal Constitucional. Y así es. Pero aquí entra en acción la colonización de la justicia propiciada por Sánchez. En el TC tenemos a Juan Carlos Campos o Cándido Conde Pumpido como presidente. Uno, exministro de Sánchez, y otro con una vinculación al PSOE tan grosera que hoy en día podríamos hacernos la misma pregunta sobre el TC que en su día hizo Sánchez sobre la Fiscalía General del Estado: ¿de quién depende el TC, eh? ¿De quién?
En relación con lo anterior, otro argumento bastante burdo es que nuestra Constitución no prohíbe la amnistía explícitamente. Pues bueno, tampoco prohíbe negro sobre blanco la esclavitud y todos sabemos que ni es constitucional ni moralmente aceptable. En cualquier caso y, chascarrillos aparte, si la Constitución prohíbe lo menos —indultos generales— ¿cómo va a permitir lo más —la amnistía—?
Pero, más allá de su ilegalidad, que es manifiesta, que un Gobierno de un país democrático promueva una ley de amnistía supone el traspaso de muchas otras líneas rojas que van más allá de una ilegalidad. Dar ese paso supone afirmar que los delincuentes condenados tenían razón y que los juzgados les condenaron injustamente. Supone que el poder ejecutivo se cisque en la separación de poderes y deslegitime la acción del poder judicial. Supone un claro trato de favor a políticos que delinquieron. Supone una desigualdad manifiesta entre españoles. Supone evidenciar que el candidato Sánchez no tiene ningún tipo de reparo ético ni moral en hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Supone sentar un precedente gravísimo para futuras situaciones de igual o mayor gravedad. Supone la futura incapacidad del Estado para poder juzgar esas situaciones por no asistirle ni la ley –fue modificada ad hoc por Sánchez y el PSOE recientemente- ni la legitimidad, ya que es el propio Estado quien se deslegitima a sí mismo con una amnistía. Supone, en definitiva, el desarme presente y futuro del Estado en favor de los delincuentes.
Así en corto, la amnistía es una prerrogativa regia de Gracia que supone no solo la conmutación de una pena sino el borrado retroactivo del delito cometido. Es un concepto jurídico más propio del Antiguo Régimen que de la época corriente, expresión del poder omnímodo del gobernante —¿les suena…?—. En la época contemporánea, la amnistía toma su conceptualización como mecanismo de reconciliación ciudadana tras un período de guerra civil o tras un cambio de régimen, como fue el caso de la Ley de Amnistía de 1977, cuando al amnistiar los delitos con fines políticos cometidos durante el régimen de Franco se pretendía confluir en un reencuentro entre españoles, un deseo común dejar atrás la dictadura y abrazar la democracia. No pueden ser comparadas, por tanto, como pretenden algunos, aquella y esta situaciones ya que los golpistas catalanes cometieron sus delitos en el marco de una democracia, alumbrada por una Constitución, y sirviéndose de los propios medios de las instituciones democráticas que ellos mismos gobernaban.
Por todo ello, hemos presentado una moción en el Ayuntamiento de León al respecto. Por todo ello, y porque en este país y en esta ciudad seguimos siendo mayoría los que, por un lado, creemos en la nación de ciudadanos libres e iguales que tiene que seguir siendo España y, por otro, los que creemos en la importancia de los principios éticos y morales en el ejercicio público. Aquí están en juego muchas cuestiones importantes y, por tanto, no solo es potestativo sino preceptivo que quienes representamos a los leoneses, el alcalde socialista de León el primero, digamos nuestra opinión sobre esta cuestión. Los leoneses deben saberlo. Los leoneses deben saber qué opina su alcalde y sus concejales sobre que el PSOE quiere hacer a los leoneses ciudadanos de tercera.