¿Recuperar salud pagando multas a la UE?

P arafraseando a Aristóteles: «El político no dice todo lo que piensa, pero tampoco hace lo mucho que dice».

Residuos: Ante todo, se ha solicitado información a Bruselas sobre los lugares donde se hayan ubicados los vertederos señalados.

Urge reflexionar a juicio del administrado (los españoles), preguntándonos si desde 2008, como expresa la Comisión Europea, es cierto que España no ha adoptado medidas necesarias para garantizar que la gestión de residuos no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente. Así lo afirma un comunicado de prensa de dicha Comisión fechado en Bruselas el pasado 7 de febrero.

En primer lugar, se ha tenido a la vista, información solvente, como el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Revisión de la aplicación de la Política Medioambiental de fecha 08.09.2022: Informe sobre España.

España es uno de los países que no ha cumplido el objetivo de la UE de reciclar el 50% de los residuos urbanos para el año 2020. El índice global de reciclado fue del 38% en 2019, frente a una media de la UE del 48%.

El logro de los objetivos de la UE para la próxima década, en particular la consecución de un índice de reciclado del 55% de los residuos urbanos de aquí a 2025, requerirá esfuerzos considerables.

En década, 2010-2019, la cantidad de residuos urbanos generados en España ha disminuido en general, con un ligero aumento en 2019 (472 kg/año/habitante) y se mantiene por debajo de la media de la UE (502 kg/año/habitante). Puede indicarse que el tratamiento de los residuos urbanos no ha mejorado de forma significativa en los últimos años.

En España siguen estando muy extendidos los vertederos ilegales que no cumplen con la normativa. La Comisión está siguiendo de cerca la situación, a través de varios procedimientos de infracción horizontales. A juicio de Bruselas, España también «ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos».

En cuanto al autor, se ha venido dedicando en España mediante muchos artículos publicados dirigidos a la existencia de vertederos ilegales a lo largo de nuestra geografía, sirviendo de escaso éxito.

Disponemos de datos que a continuación detallamos: Recordamos la primera denuncia que cayó en nuestras manos, por incumplimiento de España, presentada por la Comisión Europea el pasado 4/11/2015, al T.J.U.E con sentencia condenatoria a España en 2017, contemplativa de cinco o seis comunidades autónomas, con 61 vertederos afectados.

Es posible que los 61 vertederos listados desde origen, alguno, bien porque no haya sido cerrado, sellado ni restaurado, figuren en la lista de los 195 vertederos actuales denunciados el pasado día 7/2.

Se nos han dado casos de hablar con las administraciones autonómicas o locales, e informarnos que efectivamente unos cuantos se encontraban en la anterior situación, bien por discrepancias económicas entre contrata/cliente o entre las propias administraciones intervinientes respecto a la asunción de pagos, sin contar cuando aparecen distintas afinidades políticas. Dichas situaciones no eran entendidas por Bruselas, pues el responsable a todas luces era España y no las otras Administraciones. (Cosas que suceden en los Tripartitos).

Otro curioso y llamativo supuesto, sucede el pasado 8 de noviembre de 2018, fecha en que la Comisión Europea instaba a España mediante Dictamen Motivado a cumplir con la legislación de la UE (Directiva 2008/98), sobre la existencia de al menos 1.513 vertederos ilegales, es decir sin licencias en nuestra geografía, pendientes de cierre, sellado y regeneración sobre gestión de residuos, a efectos de qué tales, deberían realizarse sin poner en peligro la salud humana y el medio ambiente.

Han transcurrido casi dieciséis años desde 2008, y nos preguntamos. ¿Los 195 vertederos que ahora se denuncian se refieren a una especie de saldo en una especie de cuenta corriente de los mismos, con un predominante debe desde origen en contra de España?

Aguas residuales: Otro asunto que data a través del consabido proceso desde junio de 2012, y aunque se ha registrado algún progreso, las autoridades españolas continúan sin solventar por completo las deficiencias.

Abordamos el segundo tema preocupante como es el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, que también tiene como objetivo no poner en peligro la salud humana y no contaminar: lagos, ríos, suelos y aguas costeras y subterráneas.

En esta ocasión también medió Dictamen Motivado, previo a la comparecencia de España ante el TJUE reflejando que, en 29 aglomeraciones o poblaciones de al menos dos mil habitantes, se debían garantizar disponer de colectores de aguas residuales y que, cuando se encuentre justificado el uso de sistemas individuales u otros adecuados, se alcance el mismo nivel de protección medioambiental que con un sistema colector.

En un supuesto de 225 aglomeraciones, España continua sin ofrecer el grado de tratamiento exigido a toda la carga contaminante de las aglomeraciones o no ofrece los resultados de tratamiento necesarios en lo que respecta a los vertidos después del tratamiento. Ello significa que existen aglomeraciones o poblaciones en las que deben mejorarse o construirse nuevas infraestructuras e instalaciones. Igualmente,  los estados miembros deben actualizar y notificar cada seis años sus planes de gestión del riesgo de inundación, que Bruselas considera «fundamentales» para reducir y gestionar los  riesgos que las inundaciones  suponen para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

Una segunda y última pregunta: Si entre los posibles afectados por no protegerles su salud y también el medio ambiente, como prodiga la presidenta de la UE. ¿Con la cantidad de millones que pagamos en sanciones, ¿No llega nunca el momento de depurar responsabilidades?