La Junta y la falta de transparencia

Todos los años, al comienzo de este, la Junta asigna a cada provincia una parte del presupuesto, lo que suma en torno al 60% del total. Esta información se puede encontrar, con dificultad, en los tomos del Presupuesto General y se conoce como fondos provincializados. El restante 40%, más de 5.000 millones de euros en 2023, queda sin asignar territorialmente: son los fondos no provincializados, que la Junta gestiona a su criterio. Y, aunque tiene obligación legal de hacer público su destino por territorios, no lo hace.

El 17 de junio de 2024, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León respondió por escrito a una pregunta formulada por un procurador de UPL, solicitando información sobre la ejecución de esas partidas no provincializadas de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023. La respuesta del consejero Carlos Javier Fernández Carriedo, escueta y genérica, afirma que no se puede especificar en qué provincias se gastan esos fondos. Esto es grave. O bien denota una preocupante incapacidad de gestión, o bien un intento deliberado de ocultar el destino mayoritario de esos fondos: más de 5.000 millones de euros. Resulta poco creíble que, existiendo acceso público a partidas tan específicas como el «Proyecto de Tratamientos Selvícolas Preventivos de Incendios Forestales… en la Comarca de Navafría (Segovia)» por importe de 1.493.423,41 €, la propia Junta alegue imposibilidad para territorializar su destino. Según este organismo, ciertos gastos no pueden desglosarse territorialmente por su naturaleza y características. Pero esta afirmación se pone en cuestión con un análisis más pormenorizado: … «los gastos previstos en los Presupuestos de la Comunidad responden a actuaciones de la Administración Autonómica que, en mayor o menor medida, no pueden territorializarse atendiendo a su propia naturaleza y características» ... (cita textual del consejero). Si ciertas partidas de gastos no pueden territorializarse quiere decir que hay nula voluntad de expresar dónde se gastó lo gastado. Todos los recursos tienen un destino territorial. «A título de ejemplo pueden citarse los créditos de la Sección 21 (Deuda Pública)» … (cita textual del consejero). Podemos entender que la deuda pública no pueda territorializarse. Eso no es óbice para publicar provincializados el resto de los datos. … «o los relacionados con la prestación de servicios generales de las consejerías» … (cita textual del consejero). No poder territorializar los gastos relacionados con la prestación de servicios generales de las onsejerías, viene a decir que la Junta no sabe cuántos fondos asigna a cada Consejería (¿?), ubicadas todas en Valladolid, y que tampoco sabe cuánto de esos fondos se reparten en las delegaciones territoriales de cada provincia. Incluso, puede decirse que la Junta no quiere explicar cuánto cuestan las sedes de las consejerías en Valladolid. «Tampoco responden a una lógica de asignación territorial los créditos dirigidos a la protección y promoción social (que se asignan con criterios uniformes para toda la Comunidad)» … (cita textual del consejero). Si esto es así, es difícilmente entendible que no puedan decir cuál es la asignación que recibe cada provincia. Basta cerrar el ejercicio contable y pedir al programa a qué provincias se ha destinado. … «o los de promoción económica (que se asignan con criterios sectoriales, en función de la demanda de las empresas)» … (cita textual del consejero). Cada empresa tiene un domicilio fiscal, por tanto, no sería difícil saber en qué territorio se asientan éstas y cuánto recibe de ese casi 40% que queda sin provincializar. … «en lo que respecta a las inversiones, hay que tener en cuenta que un volumen importante de éstas suele afectar a varios municipios, de una o más provincias, lo que impide su concreción contable a ese nivel territorial» (cita textual del consejero). Por tanto, un volumen menos importante, afectará a un municipio o varios de una sola provincia. Tampoco se aportan los datos. Aunque sí podrían decir qué inversiones se realizan en tales municipios de tales provincias poruqe toda inversión se aplica en un territorio. La respuesta de la Junta carece de credibilidad. El verdadero problema es que gran parte de la ciudadanía desconoce cómo se reparte el presupuesto y qué fondos llegan a su provincia. En el caso de León, se estima que recibe entre 500 y 800 millones de euros menos al año de lo que le correspondería según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), haciendo un cálculo conservador. Cuando una administración incumple la ley y oculta el destino de una parte tan significativa del dinero público, es legítimo sospechar que existen motivos espurios para hacerlo. En Castilla y León muchos ciudadanos —especialmente en León— comprenden el porqué: la estructura autonómica tiene su núcleo institucional en Valladolid, donde se concentran las diez consejerías y la Presidencia de las Cortes, junto con un número elevado de cargos públicos, asesores y altos funcionarios. En total, en la Junta de Valladolid trabajan aproximadamente 8.000 personas más de las que trabajan en León para la administración autonómica. No se justifica esa diferencia tan elevada de personal cuando las dos provincias tienen aproximadamente el mismo tamaño y población. Esos funcionarios tienen sueldos acordes a sus responsabilidades, por lo que disfrutan de altos emolumentos. No se discute aquí el derecho a percibir sus salarios, sino el hecho de que se paguen con fondos de todos los ciudadanos de la autonomía, que deberían distribuirse equitativamente por toda la comunidad, pero que se concentran en Valladolid. Esta concentración de recursos humanos y económicos en la ciudad del Pisuerga conlleva un mayor gasto en servicios, consumo y actividad económica, beneficiando especialmente a esa provincia, mientras otras —como León— continúan perdiendo peso económico y político. La Junta debería actuar con mayor transparencia y responsabilidad. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, obliga a todas las administraciones a detallar cómo se gestionan los recursos públicos. La falta de desagregación presupuestaria y las justificaciones vagas contravienen claramente el espíritu y la letra de esa ley. La transparencia no es solo un imperativo legal, sino una exigencia democrática. La Junta debe ofrecer información clara y accesible sobre la ejecución de todos los fondos, incluidos los no provincializados. Solo así se podrá garantizar una rendición de cuentas real y una gestión pública al servicio de toda la ciudadanía. Mientras esto no ocurra, la gestión de los fondos públicos por parte de la Junta seguirá en entredicho, especialmente en los territorios que, como León, perciben que se les margina sistemáticamente. La opacidad contribuye a darnos la razón: solo la autonomía leonesa terminará con la falta de claridad sobre el reparto de fondos autonómicos.