El conflicto que está bloqueando San Andrés

Hay problemas que cualquier vecino es capaz de ver a simple vista, como la basura sin recoger, las calles sucias o los jardines descuidados. Sin embargo, hay otros que, aunque no se vean, pueden ser igual o más graves porque amenazan el funcionamiento normal de un ayuntamiento y, con ello, la vida diaria de sus vecinos. Y, en San Andrés del Rabanedo, uno de esos problemas es tener la plaza de Interventor municipal vacante o parcheada durante meses.

Desde hace tiempo, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y la Junta de Castilla y León mantienen un pulso en torno al nombramiento del Interventor. La plaza quedó vacante; el Ayuntamiento hizo un proceso para cubrirla y elevó una propuesta de nombramiento que la Junta cuestionó por defectos en el procedimiento y la composición del tribunal. Ese desacuerdo se ha enquistado entre órdenes, recursos y reproches, dejando al municipio sin Interventor efectivo durante meses, traduciéndose en retrasos en nóminas y pagos que cualquier trabajador o proveedor entiende como inaceptables. Ante este bloqueo, el equipo de gobierno de la UPL ha recurrido a nombramientos de Interventor accidental entre funcionarios del propio Ayuntamiento. Es una solución de emergencia, pero no una solución real. Más aún cuando esos funcionarios, de momento, se han negado a acometer tareas clave como la liquidación del presupuesto de 2024 y la Cuenta General, imprescindibles en los próximos meses si no queremos abrir la puerta a consecuencias muy serias para las finanzas municipales y para la legalidad de la gestión económica. Esta situación se ha convertido en una especie de competición entre las dos administraciones, como ya señalé en uno de los plenos municipales. Por un lado, un ayuntamiento gobernado por la UPL al que casi todo lo que suena a «Junta de Castilla y León» le provoca rechazo, salvo cuando hablamos de acogerse a subvenciones autonómicas. Por otro, una Junta que, a mi entender, «marca paquete» dilatando plazos y resoluciones en un asunto tan importante como este. En medio de ese pulso político, no están los partidos sino los vecinos, que ven cómo su municipio pierde capacidad de gestión ordinaria por falta de entendimiento institucional. Conviene recordar un dato que no admite interpretaciones: quien habilita y firma el nombramiento del Interventor es la Junta de Castilla y León. Nos gustará más o menos, pero la última palabra administrativa no la tiene el Ayuntamiento. Por eso, en conversaciones privadas con responsables municipales de la UPL, les he trasladado en varias ocasiones la necesidad de ajustarse a los requisitos formales que marca la Junta. No se trata de compartir criterio político, sino de aceptar el marco competencial para no seguir bloqueando el Ayuntamiento. La posición de Unidos por San Andrés (UxSA), formación de la que soy portavoz, es clara: menos pulsos y más soluciones. No se trata de «ganar» a la Junta ni de «ganar» al Ayuntamiento, sino de que los trabajadores cobren a tiempo, de que las facturas se paguen, de que el presupuesto se liquide y la Cuenta General se apruebe. Pedimos responsabilidad a la Junta para que no utilice los tiempos administrativos como herramienta política. Y pedimos responsabilidad al Ayuntamiento, para que deje de convertir cada relación con la administración autonómica en una trinchera, especialmente cuando sabe que necesita su firma para poder nombrar al Interventor. Sólo con menos exhibición y más cooperación entre administraciones evitaremos que los grandes perjudicados de esta disputa sigan siendo quienes menos culpa tienen: los vecinos de San Andrés del Rabanedo. Se acercan las Navidades y, pensando en cuáles van a ser mis peticiones a los Reyes Magos, la primera de este año es sencilla y muy poco mágica: la resolución definitiva de la plaza de Interventor en San Andrés del Rabanedo. Porque de esa firma depende que muchas otras cosas, urgentes y menos vistosas, funcionen con normalidad para todos