Miles de agentes inmovilizados mientras el modelo policial se asfixia

Periódicamente, como las mareas, vuelve a aflorar el debate, en apariencia sencillo, sobre quién debe custodiar los accesos de entrada a comisarías de Policía y cuarteles de Guardia Civil: si el agente investido de autoridad o un vigilante de seguridad preparado en ese cometido. Un debate que, para muchos, hace tiempo que dejó de serlo, aunque siga envuelto en una pátina de inercias, costumbres y cierto romanticismo corporativo. Sin embargo, detrás hay más profundidad de lo que en principio parece una mera cuestión doméstica.

La pregunta es tan sencilla como incómoda: ¿tiene sentido superar un concurso-oposición del Estado que, con el paso por las academias, viene a durar un par de años para acabar guardando una puerta o levantando la barrera del aparcamiento? En efecto, la imagen del agente uniformado, plantado en la puerta como un centinela anacrónico, pertenece al imaginario colectivo. Pero conviene preguntarse si ese simbolismo justifica el coste humano, operativo y económico que implica. Formar a un policía o a un guardia civil no es tarea menor. Como se ha señalado, entre el proceso selectivo, el periodo académico y las prácticas supone, en conjunto, al menos dos años de inversión pública para alcanzar la condición de funcionario de carrera en el BOE. Mientras tanto, miles de agentes permanecen «estabulados», por emplear un término poco amable pero certero, sin margen de elección, en puestos estáticos de todo tipo, repartidos por la geografía nacional. Destinos necesarios, sin duda, pero que no requieren, en términos generales, la plenitud de competencias que otorga la condición de agente de la autoridad. Es aquí donde la lógica, esa vieja amiga tantas veces ignorada, pide paso. Una estimación conservadora sitúa en torno a 8.000 agentes, entre Policía Nacional y Guardia Civil, asignados en exclusiva a tareas de seguridad estacionada en dependencias del Ministerio del Interior. Este cálculo no incluye a los efectivos que desempeñan funciones análogas externas, ni tampoco otros quehaceres intramuros de carácter endogámico que, no sin cierta ironía eufemística, son conocidos popularmente como «servicios mecánicos». Liberar a esos policías y guardias civiles de tareas de control en puntos de acceso y similares, a los que la mayoría están constreñidos, permitiría recuperar a miles de agentes para lo que verdaderamente justifica su existencia: patrullar, investigar, prevenir, intervenir activamente en la calle... Allí donde el uniforme no es un elemento decorativo, sino una herramienta viva al servicio del ciudadano. El ahorro económico sería evidente. No solo en nóminas, sino en el mejor aprovechamiento de una inversión formativa que hoy se diluye en el quicio de una puerta, al lado de un arco de metales, o peor aún, en una odiosa garita decimonónica. La solución directa es tan sencilla como contrastada: recurrir a los profesionales de la seguridad privada en estos campos de actuación. No hablamos de experimentos ni de ocurrencias teóricas. Este sistema funciona desde hace años en ministerios, juzgados, delegaciones de Hacienda, consejerías autonómicas, subdelegaciones, en el primer anillo de muchas prisiones e incluso en centrales nucleares. Edificios sensibles, con riesgos reales, donde la cooperación entre seguridad pública y privada no solo es posible, sino eficaz. Así, la seguridad privada ha demostrado ser un complemento sólido de la pública en las infraestructuras críticas. No un sustituto, ni mucho menos un competidor, sino un aliado, en virtud de la Ley 5/2014. Cada uno en su labor, cada uno con sus competencias. Negarlo es cerrar los ojos a la realidad cotidiana. Existe, no obstante, una segunda vía, más ambiciosa y lógicamente más lenta, pero necesaria: replantear el esquema policial diseñado hace cuarenta años en la Ley Orgánica de FFCCS, de 1986. Un armazón normativo que acusa exhausto el paso inapelable del tiempo. En mi ponencia «El futuro modelo policial español», redactada en 2018 para su exposición en la Comisión no permanente para el estudio del modelo policial del siglo XXI en el Congreso de los Diputados, proponía la creación de un departamento auxiliar destinado a cubrir funciones de apoyo a los agentes: custodia y vigilancia de instalaciones, automoción, logística... Una estructura pensada para que ningún policía quede infrautilizado en el umbral de un portalón o alzando la barrera del parking de la comisaría o la comandancia. La idea, en definitiva, es simple y profundamente sensata: que cada profesional desempeñe aquello para lo que ha sido formado. Que el policía sea policía, con todo lo que ello implica. Y que la vigilancia fija, al igual que otros cometidos de carácter estático, importantes, sin duda, pero alejados de cualquier «santo sanctorum», quede en manos de personal adjunto, habilitado para ejercerlos con solvencia y eficacia. Porque la seguridad no se mide por quién guarda las llaves del edificio, sino por la presencia real y efectiva de los agentes de la autoridad allí donde realmente hacen falta: en la calle, protegiendo a los ciudadanos.