La violencia machista en el ámbito rural: aislamiento, dependencia, y mayor desprotección

Que en los primeros días de 2026 (enero y 1 de febrero) ya hayan sido asesinadas 6 mujeres por sus parejas o exparejas debería avergonzarnos como sociedad. Tres de ellas vivían en municipios rurales. Dejan 8 hijas e hijos huérfanos

En 2024, de las 41 mujeres asesinadas en España, 21 residían en municipios rurales. Este dato, recogido por el Observatorio Rural de Violencia de Género de Amfar (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), debería obligarnos a reflexionar. Según el artículo 3 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, se considera medio rural a los municipios con menos de 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes por km². (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) Según los datos del Ministerio, en el medio rural viven aproximadamente 3,69 millones de mujeres, frente a un total de 24.792.824 mujeres en España. Es decir, 21.102.842 mujeres viven en zonas urbanas y unas 3.690.000 en zonas rurales, lo que supone que en el ámbito rural vive el 14,9% aproximado de la población femenina. Sin embargo, si aplicamos un análisis de proporcionalidad de población de mujeres en el medio urbano y en el medio rural, los datos son alarmantes: el 51,2% de las mujeres asesinadas en 2024 vivían en el medio rural. Calculando el riesgo relativo por millón de mujeres, el riesgo de feminicidio en zonas rurales es de 5,69 por millón, frente a 0,95 en zonas urbanas. Esto significa que una mujer que vive en el medio rural tiene seis veces más riesgo de ser asesinada por violencia de género. Las memorias de la Fiscalía General, sobre la violencia de género son contundentes: sobre las denuncias, las víctimas que residían en poblaciones de menos de 5.000 habitantes en ningún caso habían denunciado, lo que puede obedecer al miedo al estigma o a la mayor dificultad en el acceso a los recursos específicos de violencia de género. El mayor enraizamiento de la cultura patriarcal en la sociedad rural determina un mayor grado de normalización y mayor dificultad en la percepción y reconocimiento de las conductas machistas abusivas y violentas y también mayor dificultad para denunciar; a ello hay que sumar otros factores como la escasez de recursos o la dificultad para acceder a aquellos que existan por las distancias y deficiencias estructurales; la ausencia de anonimato, el miedo al estigma, a ser señaladas y culpabilizadas, el aislamiento…, son factores que podrían determinar que, en el ámbito rural, las mujeres víctimas de la violencia de género, tengan mayores dificultades para salir de la violencia y recuperar su vida. Porque antes de un asesinato hay años —a veces décadas— de maltrato psicológico, económico y físico. ¿Cuánta violencia hace falta para llegar a ese final? Y, sobre todo, ¿qué vamos a hacer para acabar con ella como sociedad, pues, de diferentes formas, nos afecta e interpela a todos y a todas? Las leyes existen. Se ha avanzado en legislación, aunque no toda se aplica tan profundamente como sería necesario, especialmente en cuanto a sensibilización y prevención. Pero qué difícil es cambiar las costumbres, los estereotipos y las ideas, las leyes legislan avances, pero las costumbres y las ideas estereotipadas son como remolques pesados que lastran y dificultan el avance. Y ahí está una de las claves. La violencia machista no distingue entre ciudad y pueblo, pero vivir en el medio rural multiplica los obstáculos para las mujeres que la sufren. El aislamiento, la falta de transporte público, el empleo precario o inexistente para muchas mujeres, la dependencia económica, y la debilidad de las redes de apoyo convierten a los pueblos en espacios de especial vulnerabilidad. A esto se suma la negación. En pueblos pequeños cuesta aceptar que la violencia también ocurre «aquí». Las relaciones son tan cercanas que reconocerlo nos obligaría a revisar creencias muy arraigadas: que son cosas de pareja, que no será para tanto, que es nuestro vecino, que es buena persona... Siempre hay una «razón» para no creer que está sucediendo Las campañas de sensibilización no suelen adaptarse a la realidad rural. Muchas mujeres no acuden a charlas o exposiciones por miedo a que se las señale como víctimas. Y muchos hombres tampoco van, no sea que los demás piensen que son machistas o que necesitan aprender algo. Así, por el qué dirán, por la incomodidad al señalamiento, los cambios avanzan a paso de tortuga. Y mientras tanto, muchas mujeres jóvenes se marchan en cuanto pueden buscando un lugar más seguro emocional y físicamente. En el medio rural, denunciar no es solo un trámite legal, es una ruptura social. No hay anonimato. Hay presión, dependencia económica y poco tejido social de acompañamiento y recursos especializados. Muchas mujeres sufren la violencia en absoluta soledad. Recuerdo la película

Zorba el griego. Todos recordamos a Anthony Quinn bailando el sirtaki, pero menos se recuerda cómo la comunidad señala a una joven mujer viuda que inicia una relación y acaba asesinada. Siempre hay alguna «buena razón» para culparla a ella. Ese mito sigue vivo. Los recursos del Pacto de Estado contra la violencia de género, la responsabilidad de las diputaciones y los ayuntamientos deben romper con esta lacra para mejorar la vida de las mujeres en las zonas rurales.