El banquete de las cenizas

El Estado del Bienestar en España ha dejado de ser una red de seguridad para convertirse en un decorado que apenas oculta un fallo estructural profundo. Ya no hablamos de indicios o de simples señales de desgaste; lo que observamos son grietas sistémicas que atraviesan la estructura de una nación que ha decidido, de forma consciente, devorar su futuro para sostener un presente ficticio. El síntoma más obsceno de esta decadencia ha sido, el uso de los fondos europeos Next Generation, concebidos para la reindustrialización y la vanguardia ecológica, como un respirador artificial para un sistema de pensiones quebrado. Que medios europeos de la relevancia de Bild califiquen este movimiento de «escándalo de primer orden» y «absolutamente inaceptable» no es un ataque gratuito, sino la constatación de que España está utilizando dinero prestado para el mañana en tapar los agujeros negros de hoy, una práctica que el diario Die Welt no duda en señalar como una erosión irreversible de la confianza comunitaria.

Este desvío de 10.000 millones de euros, despachado cínicamente por el Ejecutivo como un «ajuste técnico», es en realidad el último acto de desesperación de una administración que se niega a admitir que la aritmética de las pensiones se ha transformado en una estafa piramidal. La superposición de factores, una pirámide poblacional invertida y un mercado laboral incapaz de generar sueldos que soporten cotizaciones dignas y unas pensiones que representan porcentajes muy altos de los sueldos percibidos anteriormente, ha creado un déficit crónico que se sufraga mediante el canibalismo presupuestario. Para que la rueda de las pensiones siga girando, el Estado sacrifica la inversión en infraestructuras, abandona el mantenimiento de lo existente y detrae recursos vitales de la sanidad y la educación (como ha demostrado el tribunal de cuentas). Es la política del cortoplacismo absoluto: quemar los muebles para calentar la casa, ignorando que, cuando la madera se agote, solo quedarán cenizas y frío. A este escenario se suma el lastre asfixiante de una deuda pública que no deja de crecer y que nos sitúa en una posición de vulnerabilidad extrema ante cualquier cambio de viento en Fráncfort. España lleva perdidas al menos tres legislaturas sin realizar los ajustes que países como Alemania, Francia o Bélgica ya están ejecutando con rigor, prefiriendo en su lugar huir hacia adelante mediante una presión fiscal que, en términos relativos, castiga con más dureza a sus ciudadanos que la de sus vecinos europeos. Mientras en el resto de Europa la fiscalidad se entiende como una herramienta de competitividad, en España se ha convertido en una soga de recaudación extractiva para alimentar una administración pública hipertrofiada. Somos un país que pide a sus empresas un esfuerzo de primer mundo mientras desvía el capital que debería construir el futuro hacia el sumidero de un sistema insostenible. Sin embargo, la culpa no recae exclusivamente en la bancada política. Existe una responsabilidad histórica e ineludible en las élites intelectuales, económicas y técnicas, y muy especialmente en un cuerpo periodístico que ha dimitido de su función social. En lugar de transmitir la urgencia de las medidas y la gravedad de la situación, gran parte de la esfera pública ha optado por el anestésico o la distracción partidista. Al no señalarlo evidente, los prescriptores de opinión han hurtado al ciudadano la posibilidad de comprender que el futuro de sus hijos está siendo subastado. Este silencio cómplice de quienes poseen los datos y el acceso al altavoz público es lo que permite que la sociedad viva en una ignorancia dopada mientras los cimientos crujen. Al ocultar la magnitud del desastre bajo la alfombra de la propaganda, se está negando la necesidad de una reestructuración drástica. Estamos, en definitiva, ante el desmantelamiento silencioso de una nación que, por la cobardía de sus élites y la ceguera de sus gobernantes, ha terminado por convertir su bienestar en su propia tumba financiera.