Guardia Civil y Policía: altos mandos, bajas lealtades

El término «fajineroso» cobró fuerza hace años, especialmente en el ámbito de la Guardia Civil, cuando algunas asociaciones profesionales de la Benemérita comenzaron a utilizarlo para referirse a determinados mandos del generalato cuya actitud en materia de imparcialidad política dejaba bastante que desear. La palabra remite al fajín rojo que portan los generales en la cintura del uniforme, símbolo visible de autoridad. Pero el concepto no pertenece solo al mundo de los tricornios. También puede aplicarse, como metáfora, a ciertos comisarios de la cúpula en la Policía Nacional que, aunque no luzcan fajín castrense, parecen vestir a veces otro atuendo inquietante: el de la obediencia partidista de conveniencia.

Así, podríamos decir que la actuación del «fajineroso» suele ser mudable. A veces sonríe. A veces firma expedientes. A veces filtra, bloquea, premia, mira hacia otro lado... Su característica es la supervivencia pisando moqueta, mientras los agentes, ajenos a esas turbias maniobras, dan lo mejor de sí mismos en la calle. Lo hemos visto desde hace años en sucesivos gobiernos; baste recordar la antigua operación Kitchen que se está juzgando actualmente. Conviene, no obstante, dejar claro que no hablamos de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional en su conjunto. Hablamos de una minoría muy concreta de altos responsables que confunden la lealtad institucional con la servidumbre política; la disciplina con el cálculo de carrera; y el servicio público con el acomodo a las siglas de turno. Millones de telespectadores pudieron ver en directo un caso de manual de vasallaje político con uniforme y medallas en el pecho cuando, en una rueda de prensa celebrada durante la crisis del covid, en abril de 2020, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil afirmó que el Cuerpo trabajaba para «minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno». Sus propios compañeros tuvieron que desautorizarlo extraoficialmente. Tiempo después fue ascendido a general de división, un nombramiento que cayó como una bofetada moral entre no pocos mandos y agentes. Recientemente, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, comisionó a la UCO para recabar información en las oficinas centrales de la Dirección General de la Guardia Civil y tomar declaración a varios generales —algo nunca visto hasta ahora—, con potestad de requerir documentación relacionada con determinadas actuaciones internas y, si fuera necesario, abrir los armarios de par en par. El magistrado trata de esclarecer si desde la cúspide del Instituto Armado se impulsaron procedimientos disciplinarios intimidatorios, con apariencia inicial de informaciones reservadas contra agentes de la Unidad Central Operativa que investigan con integridad, bajo tutela judicial, causas sensibles vinculadas a presuntas tramas de corrupción política, entre ellas los casos Ábalos/Koldo/Cerdán o el de la llamada «fontanera». Si se confirmara que miembros con autoridad interna en la Benemérita maniobraron para atemorizar, frenar o condicionar las indagaciones de la UCO por el mero hecho de que estos profesionales cumplían escrupulosamente con su deber, estaríamos ante algo mucho más grave que una anomalía administrativa: estaríamos ante una quiebra moral de la cadena de mando y, posiblemente, ante una conducta con encaje en el Código Penal. En la Policía Nacional también se han vivido episodios realmente preocupantes. Tras la caída en desgracia del anterior director adjunto operativo (DAO), investigado por una denuncia de agresión sexual formulada por una inspectora —hecho que él niega—, los nervios en determinados sectores de la cúpula azul parecen haberse disparado al calor de las intensas investigaciones de la UDEF en asuntos de especial gravedad bajo sospecha judicial de maniobras opacas. Sirva como ejemplo el caso del excomisario del aeropuerto de Barajas que estuvo presente en primera línea del operativo durante la llegada a España de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, y que posteriormente fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias. Su nombre aparece ahora mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con supuestas redes de favores y contactos en el entorno de la causa Plus Ultra. Habrá que respetar la presunción de inocencia, por supuesto, pero también habrá que exigir transparencia y depuración de conductas si los indicios se consolidan. Y, fuera ya del uniforme, pero siempre dentro de la responsabilidad sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resulta imposible olvidar las ignominiosas palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cuando afirmó tajantemente que Bildu, formación política usufructuaria del legado de la banda terrorista ETA, y otros partidos independentistas «habían hecho más por España que todos los patrioteros de pulsera»

, en claro desprecio hacia quienes llevan, de un modo u otro, la bandera nacional encima. Lo declaró en un acto oficial presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, escoltado por varios jefes uniformados de las direcciones generales de las FFCCSE, quienes permanecieron impasibles, como si temieran que alguien en el Gobierno tomara nota. Las palabras de Francisco Martín, por si hubiera dudas, pueden encontrarse tal cual en las hemerotecas, a golpe de clic. Las 853 víctimas mortales de los etarras aún deben estar revolviéndose en sus tumbas ante semejante acto de blanqueo de los herederos políticos de la banda terrorista. Con todo, el problema de fondo no es ideológico, sino institucional. La Guardia Civil y la Policía Nacional no pertenecen a obediencia doctrinaria alguna. No son patrimonio del Gobierno, ni de la oposición, ni de ninguna sigla. Son organismos del Estado al servicio de la ley, de los ciudadanos y de la Constitución. Por eso resulta tan corrosivo, tan indignante, que algunos altos responsables «fajinerosos» parezcan olvidar que su primera lealtad no es al despacho que los nombra, sino a la honestidad y a la decencia del juramento que hicieron. Porque el honor no se lleva en el fajín, ni en la placa, ni en los entorchados dorados de las hombreras. El honor se demuestra cuando el poder aprieta, exige servidumbre y reclama silencio. Y quien cede ante las presiones partidistas interesadas podrá conservar el cargo, el sueldo, el tratamiento y hasta la foto oficial con las condecoraciones bien alineadas en el pecho, pero habrá perdido lo único que jamás se recupera: la dignidad.