Entre la autoridad y la evidencia

Hace años me trasladé de León a Baleares y decidí hacer cambios importantes en mi vida. Entre ellos estuvo desarrollar un interés cada vez mayor por el conocimiento, alentado especialmente por mi hermano, mi pequeño héroe, doctor en Filología y futuro doctor en Filosofía. Gracias a él comencé a leer con mayor disciplina, a estudiar lenguajes de programación por puro interés y, sobre todo, a conceder a la filosofía una importancia que hasta entonces desconocía.

Hace aproximadamente quince años descubrí el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Desde entonces he seguido muchas de sus intervenciones y me he acercado a la teoría del cierre categorial y a obras como El mito de la izquierda. Estas lecturas ampliaron mi horizonte intelectual y me enseñaron algo esencial, la verdad no depende del prestigio de quien habla, sino de los fundamentos que sostienen lo que afirma.

Esta idea ha sido especialmente importante durante el largo proceso de custodia de mi hija. A lo largo de estos años he tratado con docentes, psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, abogados y representantes de la justicia. He conocido profesionales rigurosos y capaces de revisar sus conclusiones, pero también he comprobado cómo algunos utilizan su titulación y su posición institucional como sustitutos del razonamiento.

Un título académico acredita que una persona ha superado determinados requisitos formativos. Puede demostrar esfuerzo y preparación, pero no garantiza por sí mismo inteligencia, prudencia, honestidad ni capacidad para juzgar correctamente cada situación. El problema surge cuando el título deja de ser una acreditación profesional y se convierte en un argumento de autoridad. Entonces ya no se responde con pruebas, sino con jerarquías, el profesional tiene razón porque es profesional y el ciudadano debe aceptar sus conclusiones porque carece de sus credenciales.

Desde el materialismo filosófico no puede hablarse de las ciencias como si constituyeran una autoridad sagrada capaz de convertir en verdadero todo cuanto afirma un especialista. Existen ciencias concretas, disciplinas distintas y grados diferentes de rigor. Un informe psicológico no se vuelve científico por estar firmado por un psicólogo, del mismo modo que una valoración educativa no se convierte en objetiva solo porque proceda de un profesor o de un orientador.

En determinados procesos institucionales, además, las conjeturas acaban adquiriendo apariencia de hechos. Un colegio redacta un informe, el instituto lo recibe y lo da por válido, otro profesional lo resume, un psicólogo lo interpreta y, finalmente, un trabajador social o un juez lo encuentra repetido en varios documentos. La afirmación parece confirmada, aunque todos estén reproduciendo una única versión que nunca fue comprobada de manera independiente.

Este mecanismo resulta especialmente peligroso cuando afecta a menores. No es lo mismo escribir en un informe que un padre acudió varias veces al recreo durante un periodo de quince días que explicar que acudió tres veces porque su hija, angustiada, se lo pidió expresamente. La primera formulación puede presentarlo como invasivo, la segunda permite comprender el motivo real de su conducta. Los informes pueden alterar la realidad sin contener mentiras literales. Basta con seleccionar algunos hechos, omitir otros y utilizar expresiones vagas como «según nos informan», «al parecer» o «se percibe». Por eso, cualquier valoración debería responder a preguntas básicas, quién observó los hechos, cuándo sucedieron, qué pruebas los respaldan y qué explicaciones alternativas fueron consideradas.

También he observado una confusión entre proteger al menor y defender automáticamente a uno de los progenitores. En ciertos ambientes, la conducta de la madre se contextualiza, mientras que la del padre se interpreta psicológicamente. Si ella insiste, está preocupada, si insiste él, presiona. Si ella se contradice, está desbordada, si él señala esas contradicciones, es conflictivo. La protección de un menor debe basarse en hechos, daños, riesgos y pruebas concretas.

Otro problema aparece cuando la crítica se reduce a un supuesto defecto psicológico de quien la formula. Si un padre denuncia una irregularidad, se analiza su personalidad, si insiste, se habla de obsesión, si se indigna, se cuestiona su regulación emocional. Así, la institución evita responder al contenido de la denuncia y convierte al denunciante en objeto de estudio.

Afortunadamente, también he conocido profesionales que demuestran que otra forma de trabajar es posible, observan, estudian, contrastan y aceptan la crítica sin interpretarla como un ataque personal. Su preparación no se demuestra exhibiendo títulos, sino razonando con rigor.

Mi crítica no se dirige contra la universidad, la psicología, la docencia ni las instituciones públicas. Precisamente porque son necesarias, deben someterse a mayores exigencias. Una valoración mal construida puede afectar a una custodia, condicionar la decisión de un juez o provocar daños difíciles de reparar en la vida de un menor y de su familia.

La pregunta que ninguna institución debería temer es sencilla, ¿en qué hechos concretos fundamenta usted esa afirmación? Cuando la respuesta sea sólida, deberá aceptarse, cuando sea insuficiente, habrá que revisar la conclusión, y cuando no exista respuesta, ningún título debería servir para ocultarlo.