El milagro del ábside

Apuraba mis últimos días en la playa —lo que no supone ausentarme del conocimiento de lo que ocurre en León— cuando los distintos medios se hacían eco de la indignación de la Junta por haber aparecido clavado en uno de los ábsides de la iglesia del Mercado un extraño artilugio que nadie parecía saber muy bien qué era ni quién lo había instalado.

La cosa debía de ser grave, pues a juicio de la Junta y su delegación leonesa, el aparato afeaba un monumento protegido, dañaba obviamente el patrimonio, puesto que había sido anclado directamente sobre sus sillares; y, sobre todo, carecía de la preceptiva autorización autonómica. Ante semejante sacrilegio patrimonial, el Servicio Territorial de Cultura actuó con la diligencia propia de quien se sabe custodio de nuestro patrimonio y sacó a pasear su pesada maquinaria, requiriendo al Obispado para que procediera a su retirada inmediata, con advertencia de todos los males del infierno legal que podrían derivarse si no atendía prontamente el mandato. Solo faltaba excomulgar al párroco. Y durante unos días pareció que ya teníamos culpable. Todas las miradas inquisitorias se dirigieron hacia la parroquia y el obispado, como si el cura se hubiera levantado una mañana, hubiera cogido el taladro y, antes de misa de once y media, hubiese decidido modernizar el románico leonés por su cuenta. Pero entonces se produjo el milagro: resultó que el aparato no lo había colocado el párroco, ni tampoco el Obispado; ni siquiera algún feligrés especialmente aficionado a la tecnología. Lo había colocado/clavado/incrustado la propia Junta de Castilla y León. Concretamente, formaba parte de un proyecto promovido desde la Consejería de Cultura para la conservación preventiva del patrimonio. Y aquí comenzó la transfiguración administrativa: Lo que unos días antes era un afrentoso aparato instalado sin autorización que dañaba el patrimonio, que había que retirarlo y generaría sanciones, pasó a formar parte de un proyecto perfectamente defendible. Lo que dañaba el ábside comenzó a ser tecnología al servicio de su conservación. Y aquello que había provocado la inmediata y furibunda reacción de los guardianes del patrimonio adquirió repentinamente virtudes científicas cuando se descubrió que los guardianes eran también los autores del enclavamiento. Los caminos del Señor son inescrutables. Los de la Junta, por lo visto, bastante más. Porque todavía quedaba otro prodigio: Primero anunció que el aparato sería retirado y reubicado en un lugar más adecuado, lo que parecía razonable, puesto que si su emplazamiento era impropio antes de conocerse quién lo había instalado, debería seguir siéndolo después, ya que la piedra no distingue entre Administración y administrados. Pero pocos días más tarde llegó una nueva revelación: ya no había que retirarlo. El director general de Patrimonio defendió la instalación y explicó que ese dispositivo, inicialmente demonizado, sirve para controlar grietas y movimientos del templo; lo cual debe de ser una modalidad desconocida del sacramento de la penitencia: confesado el autor, desaparece el pecado. Y, así, hemos sabido que en la Junta una mano puede instalar un aparato en un Bien de Interés Cultural sin que la otra tenga noticia de ello; que esa segunda mano puede indignarse, exigir explicaciones y requerir a un tercero para que retire lo que puso la primera; y que, descubierta la confusión, ambas pueden terminar explicándonos que, en realidad, todo estaba estupendamente hecho. No sabemos si entre medias la Junta se disculpó ante el Obispado o el párroco por haberlos sentado durante unos días en el banquillo mediático; pero supongo que eso exija un milagro de categoría superior. Lo malo del asunto es que retrata bastante bien una determinada forma de administrar la provincia de León. Quizá el verdadero sistema de monitorización que necesita León no sea el que controla las grietas de la iglesia del Mercado, sino uno capaz de detectar las que existen entre los distintos departamentos de la Administración autonómica. Y, ya puestos a aprovechar los fondos europeos, podríamos instalar otro de mayor alcance que midiese la enorme grieta que, desde hace décadas, separa a esa Junta de una gran parte de la sociedad leonesa. Porque detrás de la anécdota —magnífica para unas risas estivales si no estuviéramos hablando de un monumento protegido— quedan cuestiones bastante menos divertidas: ¿Cómo desarrolla la Junta sus propios proyectos en León? ¿Cómo puede el organismo encargado de velar por nuestro patrimonio histórico desconocer una actuación realizada sobre un BIC dentro de un proyecto impulsado por la propia Administración autonómica? ¿Con qué credibilidad se exige después a particulares, parroquias, empresas y ayuntamientos el escrupuloso cumplimiento de unas cautelas que la propia Junta parece incapaz de coordinar internamente? Y, por encima de todo: ¿qué hubiera pasado si el taladro hubiese sido de un particular? Cuesta creer que, descubierto el autor, el Servicio Territorial hubiera experimentado idéntica conversión camino de Valladolid y hubiese concluido que donde antes veía daño, falta de autorización y consecuencias legales, ahora vea ciencia, conservación preventiva y un proyecto perfectamente justificable. Para el administrado, muy probablemente, el pecado habría seguido siendo pecado. Por ello, lo realmente preocupante no es el artilugio, ni los agujeros, sino esa sensación, demasiado conocida en León, de una Junta que pretende tutelar nuestro patrimonio, decidir sobre nuestro territorio y exigirnos el cumplimiento escrupuloso de sus normas mientras, en ocasiones, ni siquiera parece saber lo que ella misma está haciendo aquí. Para solucionarlo no hace falta invocar a ningún santo ni esperar ningún milagro; bastaría simplemente con algo más terrenal: un poco de coordinación, un poco de coherencia y, sobre todo, un poco más de respeto y seriedad con León. Aunque, por lo visto, quizá sea esto último lo que requiera de intervención divina para que llegue.