Diario de León
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CUANDO Manuel Chaves decidió dar una ayuda suplementaria a los pobres que perciben una pensión no contributiva, cometió una barbaridad. El impresionante montante económico de esas ayudas asciende a la astronómica cifra de unos seis euros mensuales por perceptor, pero pareció un crimen. Fue como si atentara contra la unidad nacional o cometiera un delito de lesa humanidad. El gobierno central recurrió la medida ante el Constitucional que, por cierto, le dio la razón a Chaves. Y, como el gobierno central no puede perder ningún pulso, ayer contraatacó: aprobó en Consejo un proyecto de ley para que todas esas limosnas sean iguales en toda España. Nadie que no sea él puede socorrer a los desvalidos. Si lo hace un gobierno regional, está subastando las pensiones, quién sabe si con inconfesables fines electorales, que de todo son capaces los gabinetes autónomos. Al equipo del señor Aznar no le faltan razones de principio: no puede ser que un pobre da Fonsagrada sea mil pesetas más rico que un pobre de San Antolín de Ibias, por mucho que los separen dos ríos. Tampoco puede ocurrir que una autonomía, por haber votado izquierda, pase por ser más solidaria que su vecina. Las pensiones, aunque sean las más humildes, no pueden servir para comprar voluntades políticas. O, dicho en palabras de don José Bono, «entre autonomía e igualdad, hay que escoger igualdad». Bueno, pues ya estamos en la igualdad. En la igualdad de las mil pesetillas, euro arriba o euro abajo. El gobierno ha dado un paso histórico en el campo más sensible de la sociedad: las mal llamadas pensiones más bajas. Ya que no puede igualar la riqueza, ha igualado la pobreza. No dice nada del aumento de esas pensiones. Piensa que se puede vivir con los 289 euros que perciben la mayoría de los «no contributivos». Y todos esos perceptores se habrán levantado felices esta mañana: «Somos muy pobres, María; ¡pero qué igualitos somos!».

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