El contrato

EL divorcio entre el Gobierno español y el sentir de sus ciudadanos respecto al conflicto iraquí ha reverdecido el debate de fondo sobre los límites de la democracia representativa. ¿Ganar unas elecciones equivale a un cheque en blanco para el gobernante legitimado en las urnas? Unos piensan que sí y otros pensamos que no. Esa es la cuestión. Bajo las formalidades reguladoras del funcionamiento de un régimen democrático habitan los valores que inspiran dichas formalidades. Sobre todo el que confiere al ejercicio de la representación política un carácter de contrato con los ciudadanos. Lo cual incluye el ejercicio de la evaluación continua atribuido a la oposición parlamentaria y la implicación de los ciudadanos en la vida pública mediante los derechos de expresión, reunión, asociación y manifestación. Todos ellos formalmente regulados en el ordenamiento jurídico-político vigente. Que la oposición parlamentaria discrepe de las tesis oficiales del Gobierno del PP no es irresponsable ni desleal. Y que los ciudadanos participen en la marcha de los asuntos públicos, incluso manifestando su malestar en la calle, no es asambleísmo ni atenta contra los principios de la democracia representativa. En consecuencia, es inaceptable que desde la España oficial se incurra en la enormidad de presentar a Rodríguez Zapatero como un «compañero de viaje de Sadan Husein», simplemente porque no comparte las tesis del Gobierno o se suma en la calle a las manifestaciones pacifistas. Por el mismo precio se podría calificar de irresponsable y asambleario al Gobierno y al PP cuando sus representantes se suman o alientan manifestaciones en contra de ETA o a favor del Plan Hidrológico Nacional, pongamos por caso. Si los socialistas, como alternativa de poder, no quieren hacerse cómplices de un eventual apagón de la legalidad internacional ni ver a España comprometida en una aventura bélica decidida por Estados Unidos, tienen el derecho y el deber de decirlo.