Planeamiento urbanístico y Medio Ambiente

Será el gobierno municipal que salga de los próximos comicios el que decidirá finalmente sobre el PGOU de la ciudad. A este gobierno se le exigirá mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y mayor respeto a los principios de conservación y protección del medio ambiente. El planeamiento urbanístico que llegue a aprobarse solo estará al servicio del bien común si es capaz de dar respuesta en un único documento a la ordenación del territorio, a la protección del medio ambiente y al derecho a la calidad de vida de los ciudadanos. Las ciudades reúnen en Europa al 80% de la población, siendo el actual modo de vida urbano, directa y especialmente responsable de muchos problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad. Las ciudades absorben cada vez mas recursos, producen cada vez mas emisiones tóxicas y desechos e imponen una pesada carga a su entorno. La ciudad es, la mayor entidad capaz de asumir los problemas medioambientales y al mismo tiempo, la unidad más pequeña capaz de resolverlos desde su origen, aplicando los principios de sostenibilidad defendidos desde hace años por el movimiento ecologista. Principios recogidos en documentos tan importantes como «La Declaración de Río», «El Libro Verde del Medio Ambiente Urbano» o «La Carta Europea de las Ciudades Sostenibles», donde el suelo, como el aire y el agua, es considerado un recurso limitado, y el territorio un patrimonio colectivo que ha de ser utilizado de forma equilibrada para poder legarlo a las generaciones futuras. Resulta increíble que tras más de diez años de esfuerzo redactor, nos encontremos ante un PGOU que ha ignorado estos documentos internacionales; que carece de contenidos sociales; y que aun reconociendo en su diagnóstico «la baja calidad de los parámetros medioambientales de la ciudad de León» y «la extrema fragilidad de sus valores naturales», no toma medidas para protegerlos, no desarrolla propuestas para luchar contra los procesos contaminantes e incluso rechaza expresamente el carril bici como alternativa de movilidad urbana. (Memoria 2.3 Ciclovías) Pero lo más grave es que el PGOU, pospuesto, ataca directamente los fundamentos del desarrollo sostenible al proponer para la ciudad de León un modelo extenso y difuso. La superficie de la ciudad prácticamente se duplica con la clasificación masiva de suelo urbanizable, buscando «desarrollos polinucleares» que faciliten el «crecimiento de fuera a dentro» (citas textuales en cursiva) Se clasifica suficiente suelo para poder construir hasta 40.000 nuevas viviendas en las próximas décadas, 20.000 en los próximos 8 años. La magnitud de este despropósito salta a la vista al leer en la propia Memoria del Plan lo siguiente: «La ciudad de León presenta una tendencia demográfica natural regresiva y con clara tendencia al envejecimiento», «no tiene garantizada la renovación generacional de su mano de obra y presenta uno de los índices de población infantil más bajos de España». Por si esto fuera poco el parque inmobiliario de la ciudad de León contabiliza más de 10.000 viviendas vacías. Esta enorme disponibilidad de suelo urbanizable facilita la construcción de nuevas urbanizaciones dispersas, formadas generalmente por construcciones clónicas que consumen vorazmente el territorio destruyendo, muchas veces en su avance, los valores naturales y paisajísticos del núcleo consolidado, empobrecido al perder su riqueza diferencial. En estas urbanizaciones periféricas, a menudo reservadas a las clases medias o a los sectores dominantes, se acentúa la segregación social. (El fenómeno alcanza cotas delirantes en las urbanizaciones fortaleza, sólo accesibles para sus residentes instalados en el espacio «ecológico» del miedo a los otros, a los excluidos) El modelo de urbe expandida, suburbializada, es una bomba ecológica pues conlleva el uso obligado del vehículo privado, y no olvidemos que el tráfico de las ciudades es la primera causa de la contaminación atmosférica y del cambio climático. El incremento de desplazamientos fuerza la construcción de nuevas infraestructuras viarias desviando para su costoso mantenimiento dinero público que deja de emplearse en temas vitales para la ciudad: educación, creación de empleo, salud pública, erradicación de la pobreza, etc. Se crea un circulo vicioso imparable de consumo de territorio, degradación medioambiental y perdida de habitabilidad y calidad de vida, dentro de una dinámica que sólo favorece los intereses de las empresas constructoras y de las multinacionales del automóvil y el petróleo. Esta forma de planear la ciudad resulta aún más censurable y absurda cuando se produce, como es el caso de la ciudad de León, sin crecimiento de la población. Los Ayuntamiento que están optando por estos desarrollos urbanísticos desmesurados, ofertando una gran cantidad de suelo urbanizable, lo hacen con el falso argumento de que estas medidas «liberalizadoras» abaratan la vivienda y eliminan la especulación inmobiliaria, cuando la realidad ya ha demostrado sobradamente que lo único que se consigue es institucionalizarla. Basta mirar lo ocurrido en Madrid desde 1995 -año en que empiezan a tramitarse los PAU como modificaciones del plan general- Transcurridos 7 años, las cosas son tan claras como las siguientes: aún no se ha agotado el suelo clasificado, las viviendas entregadas en el nuevo suelo reclasificado son inexistentes pero el precio de ese suelo se ha multiplicado por 6. El caso de Madrid demuestra, que la aseveración según la cual la masiva recalificación de suelo conduce a rebajar su precio, es mentira. Una mentira muy rentable para los especuladores que durante años acaparan y retienen el suelo rústico cuanto quieren: actúan en régimen de oligopolio y monopolio y, ante la renuncia de los poderes públicos a intervenir, consiguen que el precio del suelo se dispare y con él, el precio de las nuevas viviendas. La especulación inmobiliaria completa su círculo con el abandono institucional de las políticas de rehabilitación. Se favorece la construcción de inmuebles más caros y se facilita la demolición de viviendas preexistentes con el consiguiente impacto sobre el patrimonio edificado y sobre las clases más humildes que son desalojadas. Asimismo el PGOU de León completa su carácter expansionista haciendo caso omiso a las políticas de rehabilitación y acondicionamiento de viviendas: ni en la Ciudad Antigua, -donde se mantiene vigente el Plan Especial sin aportar nuevas estrategias para la «rehabilitación integrada» del Conjunto Histórico-; ni en los barrios de los 60 y 70 donde también se localizan viviendas con serios problemas de habitabilidad y calidad urbana. Por todo lo expuesto Ecologistas en Acción considera el PGOU insostenible, perverso e ilegítimo porque va a propiciar prácticas urbanísticas abiertamente enfrentadas al espíritu y a la letra de la Constitución Española que declara en su Artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos proveerán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación».