¿Absolutismo en la Guardia Civil?

AL BENEMÉRITO y militar instituto de la Guardia Civil le han surgido otra vez sus propios fantasmas: ¿militar o benemérito? Es decir, ¿severo o conciliador? La desgraciada matanza en la comandancia de Albacete, protagonizada hace poco por un teniente coronel psíquicamente alterado, lo exterioriza de nuevo. Bien es cierto que ambos conceptos no tienen por que ser incompatibles a perpetuidad. La carrera de las armas es una honrosa ocupación para los profesionales de los ejércitos, cuya labor en misiones de paz, cuando no hay que hacer la guerra y suprimir al enemigo, está más cerca de lo humanitario que de lo beligerante. Mantener, sin embargo, a un cuerpo policial bajo la soberanía del Código de Justicia Militar y la férrea disciplina castrense trae estas y otras deplorables consecuencias, incluidos los suicidios, las adicciones y los desequilibrios mentales. Donde la fuerza prevalece como norma, la ecuanimidad se suele quebrar. Las desdichadas víctimas mortales y heridos del tiroteo perpetrado por el teniente coronel, antiguo jefe del acuartelamiento manchego, deben hacer reflexionar al ministro del Interior y a los responsables de la Dirección General de la Benemérita y su anacrónico Estado Mayor. Un agente de la autoridad, guardia o policía, tiene que ser ante todo un funcionario civil, próximo al ciudadano y con idénticos derechos y deberes, formado en escuelas o academias donde prime la enseñanza jurídica (penal, procesal, administrativo, constitucional...) sobre el adiestramiento puramente marcial, armamentístico y belicoso. Desfilar con gallardía legionaria y fusil al hombro ante el entronizado general con fajín púrpura y tricornio de gala, cual prelado omnipotente, no parece la mejor garantía para una hermosa trayectoria al servicio de la sociedad y la función pública. El caudal de noticias aparecidas con motivo del luctuoso hecho pone de relieve ciertas dificultades propias de la vida endogámica en los cuartelillos, donde los mecanismos para mediar en los conflictos de intereses y atajar las consecuencias pasan en numerosas ocasiones por el rígido conducto reglamentario del ordeno y mando o el arresto. Una verdadera trampa para casos en los que las armas son una de las herramientas diarias de trabajo. La relación causa-efecto en situaciones de agravios queda demostrada cuando a una chispa sigue una gran llama de trágicas e irreparables consecuencias. No resulta baladí que cerca de 2.000 guardias se encuentren de baja psicológica y que en el periodo comprendido entre 1991 y 2001, 191 agentes se suicidaran y otros 300 lo pretendieran sin conseguirlo. En un organismo militarmente jerarquizado es muy difícil que las quejas y los planteamientos de disconformidad se tengan en cuenta. La carencia de organizaciones reivindicativas que ejerzan de contrapoder es una ilegítima privación que posibilita el dominio de la parcialidad y el criterio único. Resulta penoso ver en la televisión a las mujeres de estos y otros valiosos profesionales «mendigar» los derechos más elementales de sus maridos a las puertas de los ministerios, o exigir responsabilidades por alguna arbitrariedad de la administración, ante la imposibilidad de hacerlo ellos mismos. No hay mayor injusticia que la que se ejerce a la sombra de los reglamentos y bajo el calor de las leyes cuando se invoca a la patria o se pretende que el fin justifique los medios. El teniente coronel, autor de las muertes y de su propio intento de suicidio, había sido reducido al silencio y cesado en el mando unos meses antes por denunciar supuestos abusos e irregularidades en la comandancia. El reparto de los mezquinos pluses de productividad entre una selecta oficialidad, los privilegios medievales de las escalas superiores, el enchufismo heredado de la remota mili de Gila, e incluso los tradicionales almuerzos y festejos particulares en el aún más incomprensible y extemporáneo comedor de oficiales, preparados y servidos por guardias civiles que hacían de camareros, son una muestra de que de la tradición al vasallaje sólo hay un palmo y mucha iniquidad. El ejercicio de las potestades debe ser siempre un anexo de la ejemplaridad y no del exceso caprichoso. La autoridad hay que entenderla como el equilibrio del poder y de la libertad. La vida cuartelera tiene escasa grandeza y mucha servidumbre para el interesado y su familia. No se puede trabajar y vivir las veinticuatro horas de los 365 días del año manu militari encima de un cartel de «Todo por la patria», rotulado bajo marchamo tan doloroso que ningún español quiere ya recordarlo. Las tibias lamentaciones de los guardias por sus jornadas laborales exorbitantes son acalladas, con la excusa de que están en la casa-cuartel, por una jerarquía acomodada en el victoriano club o pabellón de oficiales, mediante la severa imposición de las Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, facturadas y maquilladas ex profeso desde los ejércitos de tierra, mar y aire. No asumir las insuficiencias y los problemas es propiciar su enquistamiento y garantizar un conflicto de largo recorrido. No obstante, hasta el Senado habían llegado por vía extracorporativa unos meses antes los ecos de esta terrible hostilidad albaceteña. El condecorado teniente coronel se equivocó acudiendo a las armas en una especie de justicia salvaje por su cuenta y riesgo. No debió vengar una posible tropelía cometiendo otra. La vida es el bien último y por tanto sagrado. El sistema pudo con él a pesar de ser un alto mando; miles de modestos guardias padecen con mayor intensidad esa misma presión cotidiana. No debemos olvidar sin embargo que las crisis no son el final, sino el término de una etapa determinada y el inicio de otra nueva y quizá mejor. Confiemos en que así sea y que la Guardia Civil avance en la mejora de las condiciones socioprofesionales de sus miembros de base y cuadros intermedios. La sociedad, los propios agentes y las asociaciones lo reclaman. La unificación con la Policía en un cuerpo de nueva planta es, sin duda, una magnífica solución. Ad pedem literae.