La imagen del urbanismo

LOS NEGOCIOS inmobiliarios, que han servido de base para muchos pelotazos, no gozan de muy buena fama entre una ciudadanía agobiada por el peso de las hipotecas de sus viviendas. Nadie se siente especialmente sorprendido, sin embargo, ante el hecho de que los empresarios -sean promotores o constructores- quieran ganar dinero. Pero sí produce irritación, en cambio, la mera sospecha de que, entre los costes que éstos tienen que computar para componer los precios, se puedan incluir en determinadas ocasiones pagos de favores políticos. Con o sin razón, oír hablar de recalificaciones o de concejalías de urbanismo tiene resonancias a tumores e infecciones del sistema democrático, singularmente por lo que se refiere a financiación ilegal de partidos políticos y enriquecimiento de intermediarios que venden contactos, más o menos reales o más o menos imaginarios, porque es posible recordar casos concretos de escándalos urbanísticos que afectan a muy distintas formaciones políticas. Lo cierto es que la mala fama del urbanismo está en el ambiente y constituye un buen reclamo para movilizar a un público más que escamado, dispuesto a recibir nuevos rumores sobre negocios sucios, dinero negro y sobornos relacionados con la política local. Pero las tramas financiero-políticas pueden ser tan sutiles, al menos, como la trama civil de un intento de golpe de Estado que veinte años después todos creen conocer y nadie puede probar. Tal vez resultase oportuno, visto lo visto, que los concejales de urbanismo de los ayuntamientos de nuestro país siguiesen el ejemplo de los constructores y promotores de viviendas, quienes, a través de los dirigentes de sus asociaciones representativas, pidieron a la sociedad que no satanizase a todo un sector en el que los empresarios, en su mayoría, tienen siempre presente los principios de la legalidad y honestidad.