La maraña como táctica

JUAN MARÍA Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB-EA) son los tres miembros de la Mesa del Parlamento autonómico vasco que votaron desobedecer la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo Sozialista Abertzaleak. Los tres comparecieron como imputados ante la juez instructora del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Varios cientos de militantes del PNV, con Xabier Arzalluz a su frente, los acompañaron y el aún presidente del PNV anunció grandes convulsiones sociales si Atutxa o Juan José Ibarretxe fueran encarcelados. Lo que ve la gente detrás de todo esto es el pulso del nacionalismo vasco al Estado, con el tonto acompañamiento de IU. Lo que ven el fiscal y los acusadores es un delito de desobediencia previsto en el Código Penal. Lo que argumentan los defensores es que el Supremo cometió una intromisión en la soberanía del Parlamento autonómico. Lo que dijeron los imputados fue que «tienen la conciencia tranquila». El barullo que forma la mezcla de planos tan distintos -el técnico jurídico, el político, el moral- produce un resultado enormemente confuso, pero es en la maraña donde el PNV y, en general, el nacionalismo vasco se desenvuelve con más comodidad. Si separamos los distintos planos de este asunto, aunque sólo sea para la más cabal comprensión de su naturaleza y su alcance, nos encontramos con que la cuestión de fondo es la estrategia separatista emprendida por el PNV, probablemente debida a tres causas concurrentes: la tendencia independentista inherente al PNV, el peaje que el PNV paga a ETA en virtud del pacto de Estella, y la necesidad, como siempre, de echar una mano a los terroristas cuando viven horas bajas. Esto lo visten en el PNV con palabras de «gloria», «lucha contra la opresión» y demás grandilocuencias pero la realidad pegada a la tierra lo que nos muestra es que, en el desarrollo de esta estrategia, por muchos funambulismos legales que se practiquen, al final se acaban cometiendo actos que van contra la ley. El cometido por Atutxa, Knörr y Bilbao está castigado por el Código Penal. Y como España es un Estado de Derecho, los mecanismos legales se han activado.