La agencia tributaria catalana

EL NUEVO gobierno catalán ha incluido en su programa la creación de una agencia tributaria, para gestionar los tributos que se recauden en dicha comunidad, sean propios, cedidos o compartidos. La propuesta no es inconstitucional, pero es un grave error técnico, que parte de inexactitudes como considerar que Cataluña contribuye a la hacienda estatal en mayor medida de lo que recibe de ésta -déficit fiscal-, o de identificar los impuestos recaudados en Cataluña con los tributos satisfechos por los ciudadanos catalanes. 1. Cataluña no contribuye a la hacienda estatal ni tiene déficit fiscal alguno. No es correcto considerar que Cataluña -o cualquier otra región- contribuyen a la hacienda estatal, pues los obligados a declarar e ingresar son siempre los ciudadanos y sociedades domiciliadas en dicha región. En caso contrario se podría hablar de contribución de una provincia, de una región, e incluso de un barrio, cuyos residentes podrían también alegar un supuesto déficit fiscal, que justificaría la segregación de los barrios ricos para formar nuevos municipios, etcétera. Por el contrario si los ciudadanos domiciliados en una determinada zona geográfica no reciben el nivel de servicios públicos mínimo, habría un desequilibrio, pero no por el lado del ingreso, sino del gasto. 2. Lo recaudado en una región no equivale a la carga tributaria soportada por los ciudadanos domiciliados en la misma. Este hecho es evidente en el caso del IVA -y en general, de los impuestos que gravan el consumo-, que se ingresa por los empresarios o profesionales, pero que soportan definitivamente los consumidores finales, de manera que en Cataluña se estarían ingresando cuotas de IVA satisfechas por consumidores domiciliados en otras regiones. En cuanto a los impuestos directos, tanto el IRPF como el Impuesto sobre Sociedades, se ingresan en el domicilio fiscal del contribuyente, aunque las fuentes de renta estén localizadas en otras regiones o en el resto del mundo. Pensemos en el caso de una gran empresa, domiciliada en Barcelona, pero con centros fabriles en el resto de España, es evidente que los beneficios de dicha sociedad se generan en todas sus sucursales y no es lógico que tributen exclusivamente en Cataluña. 3. La lucha contra el fraude tributario no debería fraccionarse . La gestión de los tributos es una tarea compleja y altamente tecnificada que abarca básicamente dos funciones: El servicio público de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la función pública de reprimir el fraude fiscal. La primera de esas funciones podría transferirse a las comunidades autónomas, siempre que éstas actuasen de forma coordinada, compartiesen de forma automática la información tributaria y no distorsionasen la localización de las empresas por razones fiscales, aún cuando sería más barato y eficaz hacer justo lo contrario, es decir, encargar a la Agencia Eastatal de la Administración Tributaria (AEAT) la gestión de todos los tributos, sean estatales, autonómicos o locales. Pero en la lucha contra el fraude, sería un paso atrás proceder a su fraccionamiento, ya que la tendencia actual es la inversa: incrementar los mecanismos de coordinación entre las administraciones tributarias de todo el mundo, especialmente de la Unión Europea. No obstante, la AEAT, no ha sido capaz de transmitir una imagen de independencia del poder político, ni es percibida como un ente público exclusivamente técnico -a diferencia de otros entes estatales como Correos o el Banco de España-, lo que justifica que todo gobierno autonómico de corte nacionalista pretenda tener su propia agencia tributaria, para ejercer un atributo de la soberanía y sustraerse del control estatal. 4. Determinadas administraciones han de estar cerca del ciudadano, pero lo más lejos posible del poder político. La Agencia Tributaria estatal ha hecho un gran esfuerzo por aproximarse al ciudadano y facilitar su cumplimiento voluntario, incluso a través de Internet. El esfuerzo ha sido menor en la otra función, como muestran estudios recientemente publicados que denuncian importantes incrementos del fraude fiscal en España. Pero, pese a ello, no es previsible que su fraccionamiento vaya a incrementar la proximidad al ciudadano, ni que mejore la tributación, no sólo por la mayor debilidad de las CCAA ante la influencia de los grandes poderes económicos sino, sobre todo, porque las tramas de fraude no son regionales, ni siquiera nacionales, son cada vez más internacionales. En definitiva, lo que pretende la coalición de gobierno de Cataluña no es acercar la administración tributaria al ciudadano, sino someterla al poder político autonómico, siguiendo en ello los pasos del gobierno central que ha hecho lo mismo con la AEAT. Esta sumisión inevitablemente producirá una cierta degradación y pérdida de independencia, como ya ocurre con otras administraciones públicas, que por su mayor proximidad del poder político, han perdido gran parte de su independencia. Para terminar, el ciudadano debe ser consciente de que el funcionamiento eficaz de la administración tributaria es fundamental para el Estado social y democrático de derecho que nos dimos hace 25 años. Sin una recaudación tributaria suficiente y justa no es posible financiar los programas de gasto público, especialmente los de carácter social y, contra lo que afirma cierto anuncio televisivo, cuando bajan los impuestos casi nunca mejora el bienestar -salvo claro está el de los ciudadanos directamente beneficiados por las rebajas, que desde 1996 siempre son los mismos, es decir los más ricos-. Si alguien duda de esta afirmación, debería echar una ojeada a países como Argentina o Rusia, cuyos sistemas tributarios no funcionan, lo que ha impedido el equilibrio de las cuentas públicas y se ha traducido en una caída estrepitosa del gasto social, del que han sido víctimas inmediatas las clases medias y bajas de esas so ciedades.