Herencia envenenada

LA COMISARIA europea de Energía y Transportes, Loyola del Palacio, ha comunicado al Gobierno español una resolución anunciando la apertura de una investigación por infracción de la normativa europea de ayudas a la minería del carbón en el año 2003. Dicha resolución, de fecha 30 de marzo, concede un mes de plazo al Ejecutivo para justificar y notificar los criterios en que basó las ayudas mineras. El Gobierno de Aznar no sólo no hizo alegaciones al expediente abierto por Bruselas dentro del plazo -casi un año y medio-, sino que tampoco cumplió en la prórroga. Y lo que es más grave: ocultó la información antes y luego en el traspaso de poderes. Los anteriores requerimientos y el último. El anterior Gobierno popular sabía que estaba infringiendo la normativa europea y el nuevo Reglamento 1407 que rige desde el año pasado. Pese a las reiteradas denuncias de patronal y sindicatos del sector, desde el Ejecutivo de Aznar siempre se obtuvo la callada por respuesta. Patronal, sindicatos y organizaciones como Acom tenían claro que en lugar de discriminarse las ayudas que se destinan al cierre de empresas y al funcionamiento de otras según su grado de eficacia económica, el Gobierno las mezclaba todas. Estaba disfrazando los costes desmesurados de Hunosa y La Camocha con el resto de la minería española. Porque la apertura de expediente tiene dos nombres concretos: Hunosa y La Camocha, que nada tienen que ver con la explotación de otras minas. Las de León, sin ir más lejos. En esa resolución de 30 de marzo se dice que los costes de estas dos empresas asturianas son muy elevados y que carece de toda racionalidad económica mantenerlas abiertas. Esto era un secreto voces para casi todos los españoles, pero el Gobierno anterior, con la connivencia de la comisaria europea de Energía, Loyola del Palacio, cualificada dirigente del PP, ha estado durante quince meses mirando para otro lado. Ni siquiera los ínclitos José Folgado, ex secretario de Energía, ni la ex directora general de Minas, Carmen Becerril, los dos de ingrato recuerdo en las cuencas leonesas; ni siquiera ellos, digo, comunicaron a los nuevos responsables con qué se iban a encontrar: un expediente exigiendo la devolución de 600 millones de euros, lo que de llevarse a cabo, arruinaría sin remedio al sector. No hicieron los deberes antes, con más de un año de plazo, ni se aplicaron en la última prórroga: la resolución de 30 de marzo. Hubo tiempo para resolverlo, pero la desidia fue mayor. Desde luego, tiene muy difícil explicación que la comisaria Loyola del Palacio sea la que exija al nuevo Gobierno que resuelva en quince días algo de lo que no tenía conocimiento y le fue ocultado por su antecesor. Es también muy difícil no ver deslealtad y no ser malpesados para suponer una trampa de posibles y gravísimas consecuencias. Y ya van dos. Política y moralmente la UE y la comisaria están obligados a conceder a este Gobierno, como mínimo, los mismos plazos que al anterior. Las herencias envenenadas, incluidas las políticas, no resucitan nunca al muerto que las deja, aunque vuelven tarumbas a los que luego deben encontrar soluciones.