Contra la opinión de los juristas

EL GOBIERNO se propuso, antes de serlo, como socialistas en campaña electoral, que su primera gran ley atacaría de manera frontal una lacra de la gravedad que han venido teniendo los malos tratos entre las parejas, y de los que suele salir seriamente perjudicada la mujer. Es el terrorismo de nuestro tiempo, y arroja cifras pavorosas de víctimas mortales. Se había reclamado una y otra vez una actuación más contundente por parte de las leyes y de las autoridades, jueces, fiscales, policías, para atajar de manera decisiva el problema, y no se puede decir que se hubiera actuado con éxito en los años anteriores. De manera que los socialistas pretenden afrontar el problema con una ley integral específica que, para algunos juristas, va más allá de lo que la propia Constitución vigente admite, por cuanto ya desde su concepción, la ley que promueve el Gobierno socialista parte de la necesidad de dar ventajas a la mujer, o de perder la neutralidad constitucional -todos los ciudadanos son iguales ante la ley- una vez comprobado que suele ser la mujer quien suele resultar perjudicada en algunas relaciones con su pareja. Es decir, se parte de una clara discriminación positiva que enerva y saca de quicio a los juristas. Lo que también parece haber quedado meridianamente claro, una vez más, es que las instituciones del Estado responden perfectamente al esquema de quien las designó, por lo menos en igual medida que en los resultados de sus votaciones. Y así ha sucedido que en el Consejo del Poder Judicial han ganado por un voto los opuestos al proyecto del Gobierno, y en el Consejo de Estado han sido también severas muchas de las críticas efectuadas contra los planes gubernamentales. Queda por ver, naturalmente, qué sucede en el trámite parlamentario, y si se suavizan algunos aspectos que provocan el rechazo, o de lo contrario, no es descartable que la ley integral contra los malos tratos, ley de violencia de género, ley de violencia doméstica o como quiera que finalmente se le denomine, termine siendo materia para los magistrados del Tribunal Constitucional.