La cuestión religiosa

EL PSOE dice que está decidido a poner a la Iglesia «en su sitio». Su propio presidente, Manuel Chaves, ha declarado con cierta solemnidad que la Iglesia Católica habrá de ir acostumbrándose a que éste es un «Estado laico». Y, junto a unos desarrollos legislativos que entran en territorios sensibles para la jerarquía eclesial, parece que se abordará asimismo el asunto espinoso de la financiación. Quizá sea exagerado hablar de «campañas», pero es evidente que el Gobierno pretende dar un giro relevante en las relaciones Iglesia-Estado. La jerarquía católica de este país ha cometido en el pasado un doble error, sobre el que debería reflexionar: de un lado, el de tratar de interferir en exceso y demasiado agresivamente en la legislación civil, sin percatarse de que sus códigos morales no tienen por qué coincidir con las normas -siempre de mínimos- que se da libérrimamente la sociedad para garantizar la convivencia. Y, de otro lado, el ampararse en ciertos partidos políticos, que supuestamente defienden mejor sus intereses. Semejante actitud ha desencadenado un movimiento pendular, y todo indica que ahora, si no cunde finalmente la cordura, el PSOE en el poder, en lugar de restablecer el equilibrio, podría llevar el péndulo al otro extremo de su trayectoria. La historia de estos vaivenes es conocida y nada edificante. Dicho esto, conviene efectuar algunas puntualizaciones. En primer lugar, el nuestro no es un Estado constitucionalmente laico en sentido estricto. El artículo 16 de la Constitución, que comienza proclamando «la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades», permite expresamente las manifestaciones religiosas «sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley». En el tercer epígrafe de este mismo artículo se establece la «aconfesionalidad» del Estado: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal». Pero a continuación se reconoce cierto deber cooperativo de las instituciones con todas las confesiones y un status especial para la religión católica: «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». El establecimiento de una relación equilibrada entre Iglesia católica y Estado, acorde con el espíritu constitucional, habrá de provenir, evidentemente, de una relación fluida entre ambas partes que facilite las negociaciones. Pero para que ello sea posible, será necesario en primer lugar que ambos actores entiendan cabalmente su respectiva posición y renuncien expresamente a invadir territorios ajenos.