En defensa de las redes municipales inalámbricas

LAS LLAMADAS al progreso de la sociedad de información son constantes en los titulares que dan a los medios los políticos y los empresarios. Sin embargo, frente a estas manidas expresiones, varios proyectos municipales acaban de recibir una inquietante llamada de atención. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones ha sancionado a dos ayuntamientos, los de Atarfe y Ponteareas, por no haber satisfecho una previa exigencia formal antes de establecer una red pública de telecomunicación inalámbrica, cosa discutible. Pero lo más preocupante es que este organismo público ha advertido que considera ilegal la gratuidad del acceso a Internet que facilitan los ayuntamientos. En el último año han aparecido interesantes iniciativas municipales que, aprovechando las ventajas de una tecnología inalámbrica, denominada comúnmente wi-fi, han establecido una red pública de telecomunicación que permite, incluso, el acceso a Internet a cierta velocidad. En otros países proliferan también estos proyectos públicos (sirva la mera referencia a las ciudades alemanas de Munich, Hamburgo y Berlín, y a las norteamericanas de Washington, Nueva York o San Francisco, entre otras muchas). Pero tras estas resoluciones de la comisión de telecomunicaciones parece optarse por una España coja, que avance sólo con el apoyo de las empresa privadas, al amputar el pie que supondrían las actuaciones públicas. Y la primera consecuencia grave ha sido la paralización de la red inalámbrica del ayuntamiento de Barcelona. La misma comisión de telecomunicaciones había admitido en una resolución, que tiene fecha de 27 de mayo de este mismo año, la posibilidad de facilitar el acceso gratuito a determinadas páginas oficiales de información. Sin embargo, el ayuntamiento ha tenido que suspender el servicio ante un reciente requerimiento del mismo organismo público que cambia su criterio y niega la posibilidad de un servicio gratuito por entender que supondría una competencia desleal, amenazando con una cuantiosa multa. Pero ¿puede en rigor decirse que son ilegales estas iniciativas municipales? A mi juicio, procede responder con contundencia de manera negativa. Los ayuntamientos pueden establecer una red pública inalámbrica y facilitar a sus vecinos, a los turistas o a cualquier ciudadano, la posibilidad de comunicación y el acceso a Internet, hoy un instrumento indispensable para un mínimo desarrollo social y económico. Del mismo modo que existen otros destacados programas, en los que colaboran varias Administraciones, caso de Internet Rural en Castilla y León o la Red Telecentros en Asturias, que vía satélite pretenden facilitar el acceso a la población de pequeños núcleos rurales a las nuevas tecnologías, incluida la navegación gratuita, pueden instalarse otras redes públicas de comunicación con apoyo en otras tecnologías, caso de las redes inalámbricas. ¿Competencia desleal? Es preferible sonreír a mostrar la indignación frente a esta apelación cuando se conoce la actitud de las empresas operadoras que abandonan e ignoran a los pequeños núcleos de población sin establecer la obligación legal de facilitar el llamado servicio universal ¿Es necesario citar la cantidad de pueblos que carecen hoy día del acceso telefónico básico para poder optar entre las distintas ofertas de navegación a una mínima velocidad? Pero, el argumento más relevante a mi juicio, es la configuración de esta actividad municipal como un nuevo servicio local. Los ayuntamientos han de atender a las necesidades de sus vecinos y la sociedad actual requiere, como presupuesto, no sólo para desarrollarse sino incluso para mantenerse y no desaparecer, una adecuada infraestructura de telecomunicaciones. Del mismo modo que debieron preocuparse de los abastos, hoy día deben promover las fuentes de conocimiento y el uso de las tecnologías, sin que pueda decirse que por ello padece la oferta privada, pues como en otras muchas actividades concurren. O ¿no existen albergues municipales junto a hostales y hoteles privados?, ¿no se organizan bailes y verbenas populares y discotecas o salas de baile?, ¿no existen fuentes de agua, junto a bares? Podrían citarse otros muchos ejemplos. La participación municipal será acicate, que no deslealtad, a la competencia. Además, muchos servicios públicos se benefician del establecimiento de estas redes municipales: la atención a los vecinos, pues permiten reclamar asistencia de manera más cómoda; la remisión de informes médicos de los centros de salud rurales a los grandes hospitales; el teletrabajo; la intervención más rápida ante acontecimientos imprevistos o catastróficos, etcétera. Por último, en este momento, hay que saber que no existen inconvenientes para facilitar estos servicios municipales a un precio reducido o, incluso, de manera gratuita, pues así se admite tanto por la legislación comunitaria, como por la normativa española. ¿O es que sólo deben recibir subvenciones públicas las empresas privadas? En fin, es éste un asunto trascendente del que depende la reducción de la gran brecha digital que existe, no sólo entre las distintas regiones españolas, sino con relación a otros países. Indispensables para el desarrollo social y económico de cualquier localidad son las redes de comunicación. ¿Por qué atacar las buenas iniciativas municipales?