De tránsfugas y sobornos

LOS TEÓRICOS advierten: la falta de información niega la democracia, pero igualmente el exceso de mensajes, en muchos casos de forma deliberada, crea ruido y confusión. Eso es lo que está ocurriendo ya en torno a la tan traída y llevada moción de censura en el Ayuntamiento de León. Sólo hay que leer el debate abierto en la página web del Diario de León para percatarse de que una parte de los leoneses se han perdido en la hojarasca del bosque. Se impone, por tanto, la simplificación. A raíz de la ruptura de la UPL, el equipo de gobierno municipal que habían conformado los leonesistas con el PSOE (5 concejales más 10, respectivamente) deja de ser un bloque. La situación la aprovecha el PP, que había ganado las elecciones municipales, pero a falta de dos votos de la mayoría absoluta. El PP, efectivamente, propone a los tres concejales que permanecían unidos bajo las siglas de UPL, la posibilidad de un pacto de gobierno. El trío leonesista (Chamorro, Alejandro Valderas y Gema Cabezas) se lo piensa e inicia negociaciones con el PP. No llegan a fructificar. El presidente regional del partido y de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anuncia la ruptura definitiva de las conversaciones cuando los leonesistas le exigen a cambio la alcaldía y otros cargos fuera del Ayuntamiento. Como resultaba previsible, los populares contactan a continuación con la otra facción del leonesismo quebrado, José María Rodríguez de Francisco y Covadonga Soto. El compromiso definitivo es dado a conocer el sábado 20 de noviembre. Dos días más tarde se materializa la presentación de la moción de censura en el registro del Ayuntamiento, con el respaldo de 14 concejales. Al anunciar el acuerdo, Rodríguez de Francisco denunció que el PSOE le había intentado comprar con un puesto de trabajo suculentamente remunerado en una empresa supuestamente influenciable desde el Gobierno. Fuera de León, la noticia no tuvo relevancia apenas. Importaba más el hecho de que Rodríguez Zapatero perdiera la Alcaldía de su pueblo. Fue días después, al ofrecer De Francisco datos más concretos, cuando el asunto adquirió una resonancia de escándalo. El líder del leonesismo denunció que la oferta le vinculaba a Ebro Agrícolas y que el contrato se cifraba en un sueldo de 25 millones al año, con una vigencia garantizada hasta el 2019 (coincidiendo con la edad de jubilación del agraciado), a cambio de que renunciara al acta de concejal. De esta forma, el primer suplente de la lista de la UPL, afín a la facción del trío, accedería al cargo de concejal y consolidaba el pacto de gobierno con los socialistas. De Francisco dio fecha y hora de la renunión negociadora con el presidente de Ebro en Madrid (la empresa mantiene un silencio sospechoso), al tiempo que en círculos privados daba todo tipo de explicaciones sobre las personas que le habían realizado la propuesta, facilitado el contacto y otros etcéteras que amenaza con desvelar públicamente o ante los jueces. El alcalde, Francisco Fernández, niega que tenga algo que ver con estas graves acusaciones y anuncia su disposición para acudir ante los tribunales si fuera llamado. Los jueces ya tienen trabajo. La Fundación Manos Limpias ha presentado una demanda ante el Juzgado número uno de León e Izquierda Unida pide claridad por una doble vía. O bien que la investigación la realice la Fiscalía Anticorrupción o, en su defecto, que se encarguen del asunto los tribunales ordinarios. Para IU resulta evidente que nos encontramos ante un delito, sin prejuzgar quién lo ha cometido: «O se intentó comprar al concejal para que abandonase la política o el señor José María Rodríguez de Francisco miente, y cualquiera de las dos cosas es constitutiva de delito». Con independencia de la deriva judicial que siga el asunto, la otra gran cuestión que se ha pretendido dilucidar a lo largo de la semana es si De Francisco y Soto se merecen el calificativo de tránsfugas. La cuestión a dirimir tiene una connotación estrictamente política y no legal, por cuanto no afecta a la validez del pacto y a sus consecuencias. Sí afecta a la credibilidad de los partidos políticos. A estas alturas de la polémica, no hace falta recordar que en el año 1998 todos los partidos con representación parlamentaria acordaron, y dos años después ratificaron, un compromiso para no beneficiarse de los tránsfugas con el fin de conseguir el poder. Se entiende por tránsfuga aquella persona que abandona un partido político voluntariamente y no renuncia en paralelo al acta de diputado, concejal, etc, que logró como miembro de una candidatura adscrita a la formación política de la que se ha dado de baja. Es decir, De Francisco y Soto son tránsfugas y, en cumplimiento del famoso pacto nacional, el PP debería rechazarlos como compañeros de viaje. Así lo han entendido todos los partidos políticos con la única excepción del PP. El problema para el PSOE es que la comisión antitránsfugas responde a un código de conducta, no a una ley, y consecuentemente su decisión por mayoría no es vinculante para quienes opinan lo contrario. A nada obliga. Además, los populares esgrimen el argumento de que concurren circunstancias excepcionales en este caso. El intento de soborno o el hecho de no haber respetado el dictado de las urnas tras las elecciones, son algunos de los argumentos que apuntan en defensa propia. Aclarados estos extremos, resulta igualmente evidente que el PSOE ha gobernado con el apoyo o la inhibición (que para el caso que nos ocupa es lo mismo) de los dos concejales cuestionados cuando ya eran tránsfugas. Abandonaron la disciplina de la UPL después del congreso de Astorga, antes del verano. En aquel momento tenían que haber renunciado al acta de concejales. Ni el PP ni el PSOE se lo exigieron y tampoco les demonizaron. Decía el alcalde el pasado viernes en una entrevista en Televisión de León que De Francisco y Soto han de ser considerados tránsfugas no desde que abandonan la UPL, sino desde que rompieron la disciplina de voto en el Ayuntamiento. Olvida el alcalde en este supuesto que fue precisamente él quien les cesó de las competencias que los dos concejales tenían y, además, le quitó el sueldo a Covadonga Soto. En todo caso, esto ya pertenece al ruido, como tantas otras cuestiones que están dando mucho que escribir y de qué hablar. Por ejemplo, dice De Francisco que es propietario de las siglas UPL, como si de una marca de gaseosas se tratara y no de una asociación de interés público, regida de forma autónoma por sus propios estatutos y por la voluntad soberana de los afiliados y sus órganos de gobierno. O deliberadamente se cae en la amnesia al decir De Francisco que fue expulsado del partido, cuando en las hemerotecas consta lo contrario. En fin, nada extraño por otra parte, en un momento de tensión en el que hasta los móviles ganan protagonismo como elementos para la confrontación política. Seguro que Zapatero está pendiente de cuanto ocurra en León, más que por la ciudad, por la repercusión que el hecho tenga fuera de la provincia. Se está jugando con material sensible. Las movilizaciones se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo van a terminar. El pronóstico es incierto. Pero es fácil aventurar que el asunto del presunto soborno no habría tenido la negativa proyección pública alcanzada de no haber decidido el Gobierno convocar a la comisión antitransfuguismo. En todo caso, hombres como José Blanco, secretario general de organización del PSOE, opina que la convocatoria fue un error. Dicho el jueves en La Coruña.