Negros presagios

UN AÑO más, como muchos otros desde que la memoria nos permite recordar, nos hemos aproximado a la festividad de Santa Bárbara -Patrona de la minería- con negros presagios respecto al futuro, cada vez más exiguo, de la única fuente de energía primaria en la que España tenía cierta capacidad de autoabastecimiento. La ya próxima conclusión, en diciembre de 2005, del período de vigencia del Plan del Carbón, y la entrada en vigor en febrero del mismo año, del Protocolo de Kyoto, sonlos signos que advierten de lo que se nos avecina; signos que, sin duda para forzar al Gobierno en su negociación específica, se ha encargado de acentuar -muy en particular para El Bierzo- la dirección de Endesa, anunciando la paralización de sus inversiones en Compostilla. A la firme y resuelta voluntad de Bruselas, de acabar con las escasas capacidades de autoabastecimiento energético de los países miembros de la Unión, se une pues ahora la cruzada ecologista llamada a dar la puntilla a la industria más relevante de nuestra comarca. Y como en los próximos meses no vamos a dejar de oír voces presuntamente autorizadas, que nos han de agobiar literalmente con lo inexorable del cierre de nuestras minas, y con las bondades medioambientales de tan absurda medida, parece conveniente que vayamos poniendo al menos algunos puntos sobre las «íes». -Es cierto que casi desde el comienzo de la Comunidad Económica Europea, los miembros fundadores se han aplicado a la reducción de las ayudas públicas al carbón, ordenando las intervenciones financieras de los diferentes Estados en su industria carbonera, forzando una tendencia decreciente en el monto de las mismas y autorizando medidas destinadas a paliar los efectos sociales y regionales de tal situación. Pero no lo es menos, que España se ha incorporado a estos compromisos a partir de su ingreso, aunque realmente lo ha hecho de forma seria a partir de 1997; o sea, casi treinta años después que países como Alemania, Francia o Bélgica. -En cualquier caso, desde que se vienen aplicando a nuestra industria carbonera las medidas impuestas por la UE, las ayudas al carbón nacional se han reducido como mínimo un 32% con respecto a los niveles de 1997. -Y en la misma línea, el carbón nacional -contrariamente a lo que ha ocurrido con el resto de los sectores implicados en el control de emisiones de efecto invernadero-, ha contribuido desde la adhesión de España al Protocolo de Kyoto, con una reducción de su peso en la generación de energía eléctrica, de no menos del treinta por ciento (-30%); porcentaje que, si incluimos las reducciones habidas antes de la entrada en vigor del Plan del Carbón (es decir, las derivadas de las reestructuraciones de 1990, 1994 y 1996), se supera ampliamente. El hecho de que las Compañías Eléctricas hayan sustituido ese combustible por importaciones de carbón procedente de terceros países, no puede ni debe utilizarse como un argumento de penalización para el carbón nacional. -Sin embargo, el escenario en el que se diseñaron las políticas carboneras que estamos aplicando, se parece bastante poco al que actualmente se nos presenta, y así el carbón, ha incrementado su precio en el mercado internacional -solamente durante el año 2004-, más de un 80%; sin olvidar que la carrera emprendida en tan escaso lapso de tiempo por el petróleo, no augura nada bueno para el medio, e incluso el largo plazo al respecto. -Esta evolución de los precios del carbón en el mercado internacional durante el último año, por sí sola, aconseja igualmente políticas de aseguramiento de nuestra reserva estratégica para evitar eventuales y hoy no despreciables situaciones de desaprovisionamiento. -Unida a lo anterior, la importante dependencia del exterior en materia de aprovechamiento de fuentes de energía primaria, obliga a una política responsable de defensa y apoyo a nuestra producción nacional de carbón, que tiene pleno apoyo en la normativa europea relativa a la electricidad. Por lo tanto, y en principio, no existe una base razonable para mantener -ni acentuar- la tendencia decreciente de las ayudas a nuestra actual producción que, siendo prudentes, deberíamos mantener con el nivel de ayudas necesario para garantizar siquiera una mínima independencia energética. -Atendiendo ahora a las emisiones de efecto invernadero, se ha afirmado que España viene emitiendo en estos momentos un cuarenta por ciento (40%) más que en el año 1990, cuando nuestro compromiso era llegar al año 2012 con unas emisiones superiores sólo en un 15% a las de ese año. Ante todo, debe significarse que el cumplimiento de los parámetros comprometidos -sin duda con cierta alegría y bastantes dosis de desconocimiento, pues se olvidó que nuestro país estaba en una fase de desarrollo que hacía prever razonablemente unos incrementos de emisiones bastante superiores- tiene un coste importante que afecta a toda la economía nacional. -Además de los sectores directamente implicados en el cómputo de las emisiones objeto del Protocolo de Kyoto -generación eléctrica, refino de petróleo, siderúrgico, cemento, cal, vidrio, tejas y ladrillos, azulejos y papel-, otros como el transporte, el agrícola/ganadero y el residencial -no sujetos al mismo-, son incluso más importantes emisores de dichos gases. -El potencial de sustitución de los compromisos derivados del Protocolo de Kyoto por inversiones limpias en terceros países, permite descargar a la generación eléctrica del lastre de asumir de forma primordial las reducciones de emisiones contempladas en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones; desde luego durante los años 2005-2007, pero también entre 2008 y 2012. -Esto cobra más sentido, si tenemos en cuenta que grandes productores de este tipo de emisiones, como EE. UU., no se han sumado al Protocolo y que países emergentes -como China y la India-, con poblaciones que conjuntamente superan los 2.000 millones de habitantes, están al margen del mismo. -Por ora parte, nuestra necesidad imperiosa de mejorar los niveles de competitividad de la industria, se compadece mal con las obligaciones que hemos de contraer para cumplir los compromisos adquiridos. En definitiva, teniendo en cuenta que la producción nacional de carbón se ha reducido en los últimos siete años, más de un treinta por ciento es gratuito e innecesario cargar sobre la generación eléctrica con carbón autóctono cualquier tipo de restricción derivada de las obligaciones contraídas en el marco del citado Protocolo de Kyoto. Estos apuntes, quizá no demasiado estructurados, pueden servir -y ese es el propósito- para que luego la demagogia y los intereses de terceros, no nos oculten la realidad objetiva de las cosas. Es seguro que deberemos soportar nuevos ataques a la continuidad de nuestra industria carbonera; pero también lo es que, con los argumentos de que disponemos, ninguno de ellos debería lograr su propósito, porque en caso contrario, nuestra capacidad de maniobra se en cuentra suficientemente al límite como para que signifique la desaparición inexorable de una riqueza nacional, pero sobre todo comarcal, que nunca recuperaremos.