Policía y pluriempleo

ACABA de despuntar un nuevo año. 2005 ha llegado amenazador para muchas personas y, por supuesto, para los agentes policiales dependientes de la Administración Central que pretenden vivir exclusivamente del desarrollo diario de su profesión. La equiparación salarial con el resto de las policías parece esfumarse de nuevo como agua en cesto de mimbre. Es cierto que el ministro Alonso prometió en campaña electoral una revisión económica en profundidad; al día de hoy, sin embargo, la espera se torna en ahogo imperecedero, cercano a la rendición insoslayable. No se trata de apadrinar situaciones de privilegio con respecto a otros colegas o gremios. En absoluto. Lo que se demanda desde el advenimiento de la democracia es un trato homogéneo y ecuánime. La situación actual en los cuerpos y fuerzas de seguridad se encuentra, en general, tan perturbada a causa de los sempiternos incumplimientos en materia de remuneraciones que, de seguir así, el Estado no tendrá más remedio que «privatizar» más pronto que tarde el bastión de la seguridad pública como ya hizo sin reparos el anterior Gobierno con la educación, la sanidad y otras competencias propias, ante la degradación presupuestaria, la dejadez paulatina de funciones y la falta de medios. Es de dominio público que la repetición aunque sea hasta la saciedad es uno de los fundamentos de la claridad. No ha de extrañar, por consiguiente, que se esté a vueltas una vez más, curso tras curso, con la misma retórica de hace diez años: las repetidas carencias económicas y estructurales que vienen padeciendo los policías y los guardias civiles. La función policial se ha convertido desde hace décadas en un cuerpo de pluriempleados, donde difícilmente pueden sustraerse a esta práctica aquellos a cuyas virtudes profesionales se oponen, como obstáculos insalvables, las angustias familiares de final de mes. Evaluaciones con ínfimo margen de error nos ofrecen datos para la reflexión. El 65% por ciento de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de todo el país se encuentran pluriempleados en cometidos paralelos a su servicio oficial cotidiano. Camareros, taxistas, cobradores, pintores, representantes, preparadores de oposiciones, pequeños empresarios y un largo etcétera, conforman ese hervidero de mano de obra de trastienda en la inextinguible economía sumergida. Ya se sabe que no existe trabajo tan amargo que, si se quiere, y aunque sea empujado por la escasez, no se saque de él un fin que ofrezca la integridad suficiente para pasar el apretado trecho mensual. Un trayecto vital que la Administración nunca ha tenido en cuenta. Los agravios que el Ministerio del Interior propicia a los funcionarios, especialmente en las grandes capitales donde la carestía de la vida no ofrece tregua ni ruinoso cuartelillo gratis donde refugiarse, arrastra al personal a situaciones de necesidad básica. Aseguran los pensadores comprometidos que las injusticias y las desigualdades son el principio de todos los males y movimientos. Cerca de 9.000 agentes del CNP han sido expedientados desde 1986, y en muchos casos suspendidos de empleo y sueldo, como consecuencia de desarrollar trabajos de simple pluriempleo no relacionados con la seguridad privada u otras prácticas amorales. La Ley Orgánica 2/86 del ministro Corcuera pretendió dignificar la función policial haciéndola incompatible con cualquier otra tarea. Una especie de «celibato» sin garantías y contra natura. Se olvidaron de lo más importante: dotar presupuestariamente la iniciativa. En muchos países la corrupción hubiera entrado a borbotones por las puertas de las comisarías y las comandancias. Afortunadamente no ha sido así. Las almas incorruptibles, cualquiera que sea su profesión, y aún a pesar de las penurias, son como los billetes de banco de un millón, que resulta difícil cambiarlos. ¿Es ético que una persona, después de cumplir con su obligación, se procure una fuente de ingresos alternativa, lícitamente conseguida, para complementar la paupérrima economía familiar? ¿Es admisible que la policía del Estado tenga, con superior despliegue geográfico, movilidad, competencias y responsabilidades, menor poder adquisitivo que la mayoría de los cuerpos de seguridad locales o autonómicos? El nuevo gobierno de Zapatero quiere rectificar. Ha anunciado una reforma de las incompatibilidades y una revisión de las retribuciones a lo largo de los próximos años. Sin embargo, las negociaciones con los sindicatos están a punto de fracturarse y entrar en dique seco. Se aspira a que los agentes estatales tengan los mismos derechos que el resto del personal en sus circunstancias. Es un gesto de equidad que, de llegar, ya lo haría tarde y no repararía el daño causado. No se puede tener a funcionarios de carrera, formados en interminables periodos académicos altamente cualificados, pasando estrecheces y pretender dedicación exclusiva más allá del horario y los deberes laborales. Lo contrario es inmoral. Verdaderamente se podría decir que ser pobre ocupa todo el tiempo. Dicho queda.