Políticos en la trastienda

LOS FRÍOS siberianos que sufrimos estos días no parecen afectar a la temperatura política, que sigue en extremo caldeada. Los desalojados del poder siguen sin asumir la nueva realidad. El PP nacional continúa irascible, no acaba de encajar la victoria del PSOE. Los perdedores del pasado 14-M se muestran en extremo tensos, prontos a la bronca, perplejos en su derrota, hasta el extremo de haber hecho de la caricatura televisiva de Acebes un símbolo de identificación con el que tal vez la mayoría de los militantes no se identifican, pero que a todos socialmente uniforma. Claro que la dificultad para asumir el relevo no es algo exclusivo de los populares. En León le pasa lo mismo al PSOE, que tampoco acaba de encajar la pérdida de la Alcaldía. La espantada protagonizada en el Pleno del pasado martes es reflejo del rechazo a las normas democráticas cuando la realidad resulta adversa. Los concejales del PSOE y de la UPL abandonaron el salón de sesiones para expresar su rechazo a un punto del orden del día, el que hacía referencia a la reasignación del dinero que antes cobraban los leonesista como bloque de cinco (para gastos de funcionamiento) y que ahora se reparte en consonancia con la fractura registrada: tres por un lado y dos por otro. Se habla de 271 euros por cabeza. Aquí no se discute un posible ahorro para las arcas municipales. El gasto no se modifica. Algo más de 1.400 euros mensuales es la cantidad que la UPL ha venido cobrando como grupo político municipal. Lo aprobado el miércoles significa que de esta cantidad, José María Rodríguez de Francisco y Covadonga Soto pasarán a cobrar dos quintas partes. El reparto ha sido respaldado por un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento. La UPL y el PSOE sostienen que el reparto es injusto por la consideración de tránsfugas de los dos concejales que abandonaron la disciplina leonesista. La posición de los concejales abandonistas no se sostiene. El pueblo de León les paga para que discutan las propuestas y las voten o ejerzan las acciones legales que estimen más oportuno llevar a cabo. Si abandonan el Pleno más de un leonés les podría reclamar que devuelvan el dinero que cobran por asistencia. Resulta evidente que la espantada responde al único interés de llamar la atención, de mantener la polémica viva en el ánimo de los ciudadanos, en la intención de superponer a la disputa la sensación de ineficacia en la gestión. Puede parecer pueril, pero es que así son muchos de los argumentos. Lo único que tiene de positivo este estado de irascibilidad es que los ciudadanos nos enteramos de muchas cosas de las que seguramente en un ambiente más sosegado no nos enteraríamos. Por ejemplo, José María Rodríguez de Francisco dijo públicamente que el pacto entre el PSOE y la UPL se firmó en la casa del secretario regional socialista, Angel Villalba, (todavía no ha desvelado si antes o después de las elecciones municipales). Allí hubo un intercambio de cromos, de presidencias y dietas, que excedían el ámbito de la política municipal. De la misma forma que posteriormente De Francisco ha reconocido que el mismo responsable socialista le facilitó el empleo (que posteriormente no aceptó) de los cuarenta millones de pesetas anuales a cambio de que abandonara la politica municipal y permitiera con sus marcha el mantenimiento del pacto PSOE-UPL. Aquí algo huele a podrido y desde luego a estas alturas es difícil que los ciudadanos que no conocen los entresijos del poder se crean que las disputas y los desplantes vienen provocadas por el simple reparto de 542 euros mensuales. En política suele funcionar tácitamente un principio de no agresión, más allá de lo que podría resultar dañino para ambas partes, acusador y acusado. Se cumple generalmente el viejo aforismo: bombero no pisa manguera, ni propia ni del compañero. De Francisco es un personaje que se sale fuera de los cánones. Resulta imprevisible y su osadía le lleva incluso a denunciar aquello que sin duda también a él mismo perjudica. Denuncia con el mismo descaro intentos de soborno y pactos ajenos a la política, unos consentidos y otros finalmente rechazados. Es como el kamicace que con su propia inmolación descoloca a los expertos en terrorismo. Algunos de estos asuntos han sido llevados ante los tribunales. Con independencia de lo que al respecto digan los jueces, cabe preguntarse por el veredicto de los ciudadanos. Quedan algo más de dos años para las elecciones y el pronóstico es arriesgado. Por lo denunciado hasta ahora y las amenazas expresadas, da la impresión de que a De Francisco le queda artillería para rato. Anuncia para la próxima semana las pruebas del delito. Los vaivenes del poder provocan vértigos. Amilivia se dirigió a al socialista Francisco Fernández con el tratamiento de alcalde y al PSOE nacional a veces se le olvida que ahora ya tienen la responsabilidad de gobierno y que a otros les corresponde hacer oposición. Ha ocurrido con el asunto del TAV. Aznar, obediente a los dictados de Fraga, decidió en su día que el tren de alta velocidad (350 k/h) llegara a Galicia a través de Zamora. Descartada la opción más rápida, para León quedaba un tren de menor velocidad (200 Km/h), por cuyas vías pasarán indistintamente trenes de pasajeros y de mercancías. El PSOE expresó su oposición a este proyecto y llamó a la movilización ciudadana. Ahora ya gobierna el PSOE y mantiene la discriminación de León en alta velocidad con un argumento increíble: que no hará modificaciones porque la decisión ya había sido adoptada por el PP. Sin duda no se han parado a pensar que probablemente han ganado las elecciones, entre otros motivos, por el rechazo a un proyecto que ahora, paradójicamente, parecen encantados de heredar. Mario Amilivia expresaba hace unos días incredulidad respecto al futuro del Instituto Nacional de las Comunicaciones (Inteco), que Rodríguez Zapatero se ha comprometido a instalar en León. Curiosamente ahora uno de sus concejales, Saurina, acaba de anunciar una ampliación del Parque Tecnológico, cuya superficie pasará de 180.000 metros cuadrados iniciales a más de 400.000, precisamente con el fin de albergar el Inteco. ¿Ha recibido el Ayuntamiento información que el alcalde desconocía o todo es un juego de intereses partidistas? Cabe pensar, sin duda queremos creer, que ningún político desea que no se ejecuten los proyectos positivos para la sociedad con el fin de rentabilizar en beneficio propio los fracasos ajenos. ¿O no es así?