Inmigrantes: acierto y riesgos

AYER COMENZÓ un proceso sin precedentes: la legalización de inmigrantes empadronados en nuestro país, pero que se encontraban trabajando sin papeles. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Se supone que se aproximarán a un millón. Como la opinión pública está muy dividida, y casi enfrentada ante esta medida, conviene responder a algunas preguntas iniciales. Primera: ¿por qué hay tantos inmigrantes en situación irregular, por no decir ilegal? Porque las administraciones anteriores se han negado a dar papeles de forma sistemática. Se produjo así una acumulación que demandaba a gritos una normalización. Segunda: ¿es de justicia reconocer sus derechos a gentes que tienen un trabajo? Sin duda. Todo lo que no sea eso, tiene todos los ingredientes para convertirse en explotación. Hay, además, algún dato económico a favor del proceso abierto: se hace posible que aflore la gran bolsa de la economía sumergida. En los próximos meses puede salir a la superficie un billón de pesetas que hasta ahora se pagaba de forma subrepticia, sin transparencia de ningún tipo y sin pagar impuestos a la Hacienda Pública. El número de afiliaciones a la Seguridad Social subirá en el mismo número de inmigrantes contratados, lo cual pondrá a prueba la capacidad y eficiencia del sistema, pero también es una garantía de futuro, en un país de población autóctona envejecida. Desde estos puntos de vista, el Gobierno arriesgó en su decisión, pero está cargado de razones. No tendría ningún sentido seguir engrosando el ejército de ilegales, esperando a que explotase como una bomba. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Es difícil. Puestos a buscar utopías, hubiera sido deseable una mayor coordinación con la Unión Europea; pero ahí se acaban las alternativas. O se afronta una legalización masiva, pero de una sola vez, reconociendo los derechos adquiridos, o se mantiene abierto ese permanente efecto llamada que tanto parece asustar a la derecha política. Ahora vienen otros problemas, que esperamos que el Gobierno tenga medidos. El primero es el reagrupamiento familiar. El Partido Popular calcula que llegarán a España más de dos millones de personas, entre hijos y cónyuges. ¿Estamos capacitados para esa avalancha? Es, por lo menos, dudoso. El segundo es (lamento repetir el concepto) el efecto llamada. Si España gana fama de ser un país donde tarde o temprano se consiguen papeles, será imparable. Y el tercero, que, con regularización o sin ella, seguirán llegando pateras desde Africa, aviones desde América y autobuses desde Europa. Eso exige soluciones policiales y diplomáticas enérgicas. El proceso abierto ayer ni frena ni incrementa la riada. En resumen: lo hecho es razonable. El futuro es una inmensa duda.