Castilla y León ante la política de rapiña

LAS DECLARACIONES de los políticos se cruzan en un debate que el pueblo llano no alcanza a comprender y que, sin embargo, encierra conceptos y propuestas que pueden llegar a tener una gran incidencia social. Las pretendidas modificaciones de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía se perciben como una nebulosa tras la que se esconde el oficio del político, y a su vez como algo lejano a los ciudadanos. De igual modo se percibe también como algo ajeno el nuevo modelo de financiación de la Unión Europea y su repercusión en la política de ayudas a los países que conforman el club. Y sin embargo, son estos asuntos de una repercusión capital para Castilla y León, de tal forma que las decisiones que puedan adoptarse en los próximos meses influirán de forma notable sobre nuestras vidas en los próximos años. A nadie se le oculta que no es asunto baladí el reparto del dinero del Estado entre las diferentes comunidades autonómicas. De hecho, esta ambición subyace cuando los políticos de las comunidades más ricas hablan de la modificación de la Constitución y de los diferentes Estatutos. Los demás reivindicamos los cambios estatutarios con la boca chica, porque entendemos -no parece haber en esto discrepancias- que lo prioritario es consolidar (con dinero) las competencias que ya tenemos. Y el camino ni es fácil ni resultará corto. El reparto de los dineros del Estado se realiza atendiendo a varios criterios, entre los que destaca el demográfico. A mayor población, más dinero. Resulta evidente que comunidades como Cataluña, Valencia o el País Vasco y Madrid salen favorecidas con este sistema, mientras que Castilla y León quiere restar importancia al número de habitantes y otorgar mayor protagonismo en el reparto a la extensión geográfica y la dispersión de los núcleos urbanos. León es paradigma de esta reivindicación, porque nuestra provincia no alcanza el medio millón de habitantes y sin embargo contabilizamos 1.400 localidades en 211 municipios. Castilla y León, con apenas dos millones de habitantes, suma 6.000 poblaciones. Algo parecido ocurre cuando la distribución alcanza el marco geográfico de la Unión Europea. Castilla y León ha recibido desde el año 1986 la nada despreciable cifra de 10.000 millones de euros de fondos estructurales (1,6 billones de pesetas), aparte de las ayudas del campo a través de la Política Agraria Común (PAC). Gracias en gran medida a esta importantísima inyección de dinero, la renta media de los castellanos y de los leoneses ha superado el 75% de la renta media de Europa. Ese es el listón oficial que separa a los pobres de los ricos. Al menos a efectos estadísticos, que para este asunto es lo único que importa. Es decir, que cuando se realice el nuevo reparto de las ayudas europeas, Castilla y León pertenecerá ya al club de las regiones desarrolladas, dejará de ser territorio «objetivo 1». Se había planteado la posibilidad de crear un escalón intermedio, el «Objetivo 2», que permitiera un descenso gradual de las ayudas entre los años 2007 y 2013, con el fin de propiciar un periodo de transición, para que regiones en vías de desarrollo no vean truncado su vuelo ascendente de forma brusca. Las últimas noticias están teñidas de pesimismo a este respecto. El problema se plantea porque no hay dinero para todos. Países ricos como Alemania quieren reducir sus aportaciones a la Unión Europea y, al mismo tiempo, las regiones pobres han aumentado con la incorporación de diez nuevos países a la sociedad comunitaria. Menos dinero y más para repartir, esta es la difícil ecuación. Con esa foto fija, el futuro no resulta muy halagüeño. Juan Vicente Herrera pronostica que si las ayudas cesan de golpe, Castilla y León volverá a situarse por debajo del nivel de renta del 75%. En ese caso volveríamos a ser acreedores a las ayudas a partir del año 2013, con el notable riesgo de mantenernos en ese nivel de ricos más en apariencia que real, puro espejismo, para volver a caer seis años más tarde. El presidente habla de una región ascensor, a la que le resultará muy difícil consolidar un proyecto de futuro. Y, sin embargo, no se trata de pedir caridad, sino justas compensaciones. Un equilibrio solidario que tiene doble recorrido. España contribuye al desarrollo de Alemania y de Francia, por ejemplo, de la misma manera que Castilla y León es contribuyente neto en el desarrollo de otras regiones de España. Para los menos informados, el dato puede resultar sorprendente. Es revelador. Alemania quiere rebajar su aportación del 0,3% actual a la Unión Europea, cuando España, por ejemplo, contribuye con sus compras al incremento del Producto Interior Bruto alemán en un 1%. Tenemos un ejemplo muy próximo: El Centro de Tratamiento de Residuos creado en San Román de la Vega, con una inversión superior a los 5.000 millones de pesetas, ha sido comprado a Alemania. El truco, comentaba un experto en la materia, es sencillo: Alemania investiga e impulsa las normas comunitarias en materia de Medio Ambiente adaptadas a los resultados obtenidos. España (León en este caso) obligatoriamente ha tenido de recurrir al mercado alemán, que pone incluso a los técnicos en la construcción del CTR. Cuando España alcance el nivel tecnológico que pueda competir con Alemania, las empresas alemanas habrán descubierto determinadas mejoras y, como es lógico, influirán paralelamente en la modificación de la ley para que persista nuestra dependencia. En el caso de las relaciones interregionales en el seno de España, ocurre algo similar. La mayoría de los productos nacionales que incorporan tecnología son importados y, consecuentemente, Castilla y León contribuye al desarrollo de las factorías instaladas en Cataluña, País Vasco.... A su vez, Castilla y León aporta sus ahorros, la energía eléctrica y otras materias primas sin beneficio añadido alguno para sí. Qué ocurriría, se pregunta el presidente Herrera, si incentiváramos la instalación de empresas en nuestra región mediante un precio más barato de la energía eléctrica que producimos, con el horizonte de que toda nuestra producción energética llegue a ser consumida en nuestro territorio? Parece evidente que será necesario estar atentos a los cambios legislativos que pretendan introducir otras comunidades autónomas. De momento, cabe aplaudir el que todos los grupos políticos con representación parlamentaria en Castilla y León se hayan puesto de acuerdo para mantener una posición de unidad frente a la actitud de rapiña de las comunidades autónomas que, sin otras credenciales que su propia autoestima, o su vanidad y prepotencia, pretenden ningunear a quienes sostenemos una posición equilibrada y de Estado. Naturalmente, algo ha de hacer el Gobierno como obligado árbitro de la situación. Conviene estar atentos.