Cantonalismo fiscal

A RAÍZ del anuncio hecho por la Generalidad de asumir la normativa, gestión, inspección y recaudación de todos los tributos en Cataluña mediante una Agencia Tributaria propia, se hace necesario que la opinión pública sea consciente de la grave irresponsabilidad que supondría la aceptación por el Gobierno de la Nación y por las Cortes Generales, de un proyecto semejante y de las consecuencias de ello, que no serían muy diferentes de las que señalo a continuación. 1.- Fraccionamiento tributario del Estado: Si se concede a la Generalidad el derecho a regular y recaudar los impuestos que se devenguen en Cataluña y a quedarse con el 50% de lo ingresado, no se podrá impedir que el modelo se extienda a las demás regiones ricas (Madrid, Baleares, Valencia etcétera), con lo que el actual quedará reducida a las pobres (Galicia, Andalucía, Extremadura, etc.), e incluso puede que éstas se apunten a lo mismo aun en contra de sus intereses. Para evitar que los impuestos los recaude una región y los soporten los ciudadanos de otra, será imprescindible introducir ajustes propios de la fiscalidad internacional, es decir, las operaciones entre regiones tendrían que tratarse como operaciones intracomunitarias y las sucursales en otras regiones tendrían que tributar en éstas por obligación real, como ocurre actualmente con las operaciones con otros países. 2.- Empeoramiento de la lucha contra el fraude: Es un paso atrás fraccionar la AEAT, ya que la tendencia actual es la inversa: incrementar los mecanismos de coordinación entre las Administraciones tributarias de todo el mundo, especialmente de la Unión Europea,, no sólo por la mayor debilidad de las Comunidades Autónomas ante la influencia de los grandes poderes económicos sino, sobre todo, porque las tramas de fraude no son regionales, ni nacionales: son cada vez más internacionales. 3.- Sumisión de la Administración tributaria a los intereses políticos de los gobiernos regionales: Este fenómeno ya se viene observando en la AEAT, y no ha mejorado nada con el cambio de Gobierno, pero a pesar de todo la AEAT estatal mantiene una razonable distancia con los poderes regionales, mucho más condicionados por los poderes económicos. El peligro es grave y existen precedentes, como en las provincias vascongadas en el que la Fiscalía Anticorrupción ha tenido que intervenir, ante las irregularidades observadas en sus servicios de Inspección. 4.- Deslocalización: Si el proyecto se aprueba, los grandes empresarios españoles, las multinacionales y las grandes fortunas van a poder elegir en qué territorio localizan sus beneficios y, lógicamente elegirán el de menor tributación. Por ello veremos una competición de rebajas entre las diferentes Comunidades Autónomas, como ya la hemos visto en la política de subvenciones. Esas rebajas acabarán alcanzando, al propio control tributario, de manera que las Comunidades Autónomas competirán por ser más complacientes en materia de inspección con los grandes grupos económicos, para que se localicen en su Comunidad. 5.- Insuficiencia financiera de algunas regiones: Para las regiones pobres no va a ser posible prestar a sus ciudadanos un nivel medio de servicios públicos fundamentales, cuya garantía corresponde al Gobierno de la nación (158.1 C.E.). En estos momentos, con las transferencias en Sanidad y Educación, ya se viene observando que el ciudadano recibe unos servicios de menor calidad si no reside en las regiones ricas como Madrid y Barcelona, cuyas infraestructuras sanitarias (grandes hospitales) y educativas (universidades) se financiaron con el dinero de todos los españoles. 6.- Balcanización política del país: Actualmente el nacionalismo sólo es relevante en dos regiones, pero el incremento de la autonomía financiera supone que los grandes partidos estatales (PSOE, PP e IU) estarían cavando su tumba, pues tendrán que regionalizarse y ceder poder a sus federaciones regionales, fenómeno que ya se viene observando en el PSOE, con sus filiales catalana y vasca, y en IU con todas sus filiales. 7.- Pérdida de las sinergias de ser un país grande: En el contexto internacional, los países pequeños cuentan muy poco. En la Unión Europea los 3 países mayores (Alemania, Francia e Inglaterra) son los que deciden los grandes temas. España corre el riesgo de convertirse en una confederación de «países» pequeños, que ni siquiera pueden ofrecer un frente común ante las grandes decisiones europeas. Cada Comunidad Autónoma hará valer sus intereses aun cuando perjudique a las demás, lo que será posible si se les permite asistir como miembros de pleno derecho a las Instituciones comunitarias. 8.- Consolidaciónd elos desequilibrios territoriales: España ha llevado a cabo históricamente una política económica que ha perjudicado a unas regiones en beneficio de otras, en aras de un supuesto interés general. No hay que remontarse al arancel Cambó para detectar políticas económicas que favorecieron la industrialización y el desarrollo de unas regiones a costa del atraso y la despoblación de otras. El mapa español muestra graves desequilibrios, en su mayoría inducidos por esas políticas, con lo que si ahora se rompe la unidad fiscal de España, esas regiones tendrían derecho a exigir (como en la ruptura de un matrimonio) una compensación por los perjuicios que les ocasionó la unión. Lo que pretenden las burguesías vasca y catalana (representadas por estrafalarios partidos identitarios pseudoprogresistas) es abandonar a los «parientes pobres», ya que sus mercados, antes cautivos, son ya accesibles en la Europa sin fronteras a cualquier empresario comunitario, los cuales no tienen que pagar por ello ningún peaje por solidaridad, salvo los menguantes fondos europeos. Los ciudadanos deben reflexionar sobre la gravedad de las consecuencias del fraccionamiento fiscal de España y deben exigir de sus diputados y senadores que hagan algo más que votar lo que les ordenen sus jefes políticos y representen realmente los intereses de su circunscripción electoral, antes de que no haya nada que hacer y tengamos que lamentarnos de su incompetencia y de nuestra pasividad.