Evaluación final

CUANDO el curso escolar toca a su fin es necesario hacer una reflexión de lo acontecido para sacar conclusiones que sirvan de cara al siguiente. Hace un año, por hacer una evaluación inicial, la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla y León alertaba al profesorado de niveles no universitarios de los incumplimientos de la Consejería de Educación en la Mesa Sectorial. De nada sirvió la creación de los grupos de trabajo que debían atender a las principales reivindicaciones de los docentes (Plantillas y Empleo, Reglamentos orgánicos de algunas enseñanzas, etc.). Incluso alguno de los previstos (Condiciones Laborales y Formación del Profesorado) ni siquiera se merecía una primera reunión al parecer de la Administración educativa. Nuestras propuestas, en el caso de la Universidad, tampoco tuvieron respuestas satisfactorias en la Mesa correspondiente: negociación de criterios públicos y transparentes para evaluar al profesorado contratado, solucionar los problemas de aplicación de los complementos autonómicos al profesorado universitario, conocer y negociar el Plan Estratégico de las Universidades de Castilla y León. En el caso del Personal de Servicios Educativos y Complementarios (PSEC), demandamos la negociación de su relación de puestos de trabajo, convertir en plantilla estructural los muchos -demasiados- contratos precarios de obra y servicio con antigüedad superior a tres años, o acometer las sustituciones por bajas laborales. Tampoco esta Mesa dio los frutos esperados. O la madera de estos «muebles de negociación» tiene polilla, o falla alguna pata. Con la desazón que produce la falta de avances en los distintos sectores, uno se pregunta qué querría decir el Presidente de la Junta de Castilla y León cuando al principio de la actual legislatura dijo: «Pretendemos que nuestro modelo educativo se fundamente en el diálogo permanente con los agentes sociales, la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y el consenso entre todos» (el consenso, por cierto, suele ser entre todos... y todas). Pues bien, el presente curso ha sido una fotocopia de los anteriores. Al menos de los tres últimos: buenas intenciones, negociación nula, rodillo legislativo a golpes de boletín oficial, empecinamiento en mantener los desarrollos menos democráticos de la LOCE (Orden de Directores), y apedrear -en todas las lapidaciones organizadas al efecto- la propuesta ministerial de la LOE. O sea, consenso con ellos mismos. Nada pues ha contribuido el señor Guisasola a la causa pretendida por su Presidente. Si acaso, a que las organizaciones sindicales representativas del sector de pública no universitaria hayan llegado a un Acuerdo Intersindical (abril 2005) fundamentado en una Plataforma Reivindicativa que no renunciará a la «negociación de un marco general para la mejora de las condiciones laborales del profesorado de Castilla y León; a la revisión de las Retribuciones de los docentes de la enseñanza pública no universitaria; y a la Negociación para la mejora de las plantillas y del empleo en el sistema educativo de Castilla y León». Suena esto, efectivamente, a una demanda histórica que otros sectores productivos disfrutan y éste no: la negociación colectiva. Y a nadie debe escapar que si se mejoran las condiciones laborales y retributivas del profesorado estaremos mejorando también la calidad de la Educación. También la Administración educativa regional ha conseguido, con la inestimable colaboración de las Universidades, que el profesorado docente investigador con contrato laboral se eche a la calle para reclamar sueldos dignos y mejores condiciones laborales. Es así como se consigue que se recomponga la Comisión Negociadora, pero sólo eso. La dilación en la convocatoria de las reuniones y la falta de propuestas de la Junta y las Universidades persigue, sin más, seguir ahorrándose dinero a costa de los trabajadores y trabajadoras. Pero es que el profesorado funcionario de nuestras aulas universitarias sigue sin cobrar el cuarto complemento autonómico, pendiente desde hace dos años. Por si fuera poco, algunas Universidades intentan negociar por la puerta de atrás convenios provinciales para el personal laboral con el fin de que les salga «más barato». En nada ha cambiado igualmente la situación del Personal Laboral de centros no universitarios: aumenta el empleo precario, se incumple lo acordado y las bajas laborales las cubren los que quedan sanos en plantilla (¡como para ponerse enfermo!). Lo expuesto hasta aquí también se refleja en nuestra provincia: se reducen puestos de trabajo en nuestras escuelas e institutos, no se llevan a cabo construcciones necesarias para atender la demanda (un centro de Primaria con mayor capacidad en Eras de Renueva, un nuevo centro de Formación Profesional en sustitución de La Torre, la Escuela de Idiomas, etc.), la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y de compensación no se realiza de manera equitativa entre las dos redes (pública y privada-concertada), nuestra Universidad se niega a negociar la relación de puestos de trabajo con la disculpa de la convergencia europea, las bajas del personal laboral tampoco se cubren en nuestra provincia... Por tanto, la evaluación que hacemos de la acción de la Consejería para los distintos sectores de enseñanza en nuestra comunidad no puede ser positiva. Además tiene el agravante, como ha quedado demostrado, de ser reincidente y de despreciar a las organizaciones sindicales como representantes legítimas de los trabajadores y trabajadoras. La concentración del pasado día 26 de mayo en Valladolid supuso el traslado a la Consejería de Educación del suspenso que le damos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública no universitaria, de la Universidad y del personal de servicios educativos. Desde Comisiones Obreras reiteramos que el cambio en la negociación debe ser significativo y convenientemente acompañado de propuesta presupuestaria. Si no es así, septiembre puede convertirse en la última convocatoria para el señor Guisasola.