Incendios y política

PODÍA HABER ido a Guadalajara mientras ardían los bosques resineros del alto Tajo, pero envió a la vicepresidenta primera de su Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, y a la ministra de Medio Ambiente. Pero nada más regresar de China se trasladó al epicentro de la catástrofe, la tristemente célebre barbacoa de pavesas mal apagadas, y recorrió parte de la zona afectada hablando con algunos alcaldes. Ayer los recibió en La Moncloa para informarles de las medidas que adoptará el próximo consejo de ministros para compensar en lo posible la pérdida de las 13.000 hectáreas calcinadas. Calificar de «clandestina y cobarde» esta visita del presidente, como ha hecho un PP iracundo y jupiterino, no sería el estilo más recomendable para la higiene política. El buen estilo político se vio, o se oyó, cuando en la catedral de Santiago de Compostela, el alcalde socialista de la ciudad, y durante la solemne liturgia en la fiesta del Apóstol, roció de elogios al presidente saliente de la Xunta, Manuel Fraga, quien debió de sentirse íntimamente complacido. Le tocaba ayer el turno del buen estilo político al PSOE. La ex consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, informaba al parlamento autonómico, desde la óptica del departamento que abandona, sobre los pormenores cronológicos de la batalla contra el fuego, y si algunas de sus afirmaciones resultan opinables para muchos, las razones elegadas para justificar su dimisión eran emotivas y parecían sinceras. Se sentía Rosario Arévalo conmovida por los 11 miembros calcinados del retén de Cogolludo, y el mejor modo de expresar su dolor era, según ella, dimitiendo de su cargo para no asistir al juego de las muertes como armas políticas arrojadizas. Habría hecho bien el PP al pedir una comisión de investigación en el Congreso, pues la magnitud de los bosques que verano tras verano, año tras año, se queman en España exige que el asunto se aborde desde el conocimiento más amplio de las causas de los incendios, al margen de la estadística sobre la voluntariedad delictiva de quienes los provocan, y muy especialmente de las medidas de prevención y una mayor exigencia de responsabilidades penales, donde la hubiera. Dice el Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, que el Código Penal es suficientemente punitivo, pero que la investigación sobre la autoría de los incendios no suele llegar a conclusiones, por falta de prueba generalmente. De ahí la conveniencia de cualificar/especializar en esta materia a un número de fiscales que perfeccionen el proceso investigador. Once muertes exigen que el Estado, en todos sus niveles, afronte el problema con el interés debido.