Morir en Almería

LA LUCHA contra el terrorismo provocado por los radicales islamistas, y más concretamente los atentados de Londres, ha vuelto a plantear el debate seguridad/libertad al que he calificado ya en esta columna como un falso dilema. La seguridad no tiene sentido alguno si no es para garantizarnos la libertad, y ésta no puede darse si no existe aquélla. Más bien, por tanto, hay que hablar de complementariedad. ¿Por qué entonces el empeño que parece nacer de un cierto pensamiento progresista en levantar el espantajo de unos poderes que estarían a la espera de cualquier oportunidad para rebajar los espacios de libertad y cercenar los derechos de los ciudadanos? Lo más curioso del caso es que a la hora de la verdad ha sido el partido socialista el que ha vulnerado las garantías propias del Estado de Derecho. Cabe recordar ahora que fue el ministro Corcuera el que planteó en su día una reforma legal que iba a pasar a la historia como la de «la patada en la puerta». Se trataba de coger al autor en flagrante delito. Una nadería, en cualquier caso, al lado del terrorismo de Estado que se practicó entre los años 1983 y 1987. Veintisiete muertes que no parece que hayan conmovido al electorado socialista, pero que tuvieron unos efectos verdaderamente negativos en la lucha contra la organización terrorista ETA. En todo caso, ¿por qué después de lo ocurrido con el GAL, que fue el ejemplo más perverso de una mala política de seguridad, los progresistas siguen haciendo un reparto de papeles según el cual a ellos les tocaría la defensa de la libertad y a la derecha la preocupación exclusiva por la seguridad? Pero la realidad es muy terca. La muerte de un ciudadano almeriense en el cuartel de la Guardia Civil de Roquestas de Mar, a causa de unos terribles malos tratos, sucede en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Que habría podido ocurrir también con un presidente del PP? Es posible, pero, en todo caso, habría que concluir que este tipo de atrocidades pueden llegar a ser independientes del color del gobierno del momento, pero, de hecho, suceden con el PSOE. Por lo que se refiere al terrorismo de Estado, que, por supuesto, pertenece a un mundo absolutamente extraño al del cuartel de Roquetas, no se dio en tiempos de UCD. Hubo casos de ajustes de cuentas entre la policía y ETA pero jamás estuvieron involucradas las autoridades políticas. En el siniestro caso de Roquetas hay una responsabilidad política aunque los responsables gubernamentales directos no hayan tenido intervención directa alguna en el comportamiento criminal de los agentes pero, desde luego, tiene además la derivada del ocultamiento de los hechos, del falseamiento de estos. Durante once días las autoridades -socialistas- han estado amparando a los ejecutores del crimen. El Gobierno ha sido cómplice como encubridor. Ha mentido por omisión y por comisión, y la intervención de Rodríguez Zapatero no ha sido un acto de generosidad justiciera, sino de cumplimiento tardío de su obligación como jefe de Gobierno. Tampoco habría que concluir a partir de este hecho, y de otros similares, que los socialistas descuidan la defensa de los derechos humanos más que los conservadores. Sí parece evidente que las Fuerzas de Seguridad no parecen más cohibidas en sus posibles arbitrariedades cuando tienen al mando a jefes socialistas. Se diría que, al sentirse más cubiertos por un partido que hace gala de ser especial defensor de las libertades tienen más propensión a vulnerarlas. En ocasiones, como en ésta de Almería, hasta ese límite sagrado que marca la frontera entre la vida y la muerte.