El fracaso de la DGT

PERE NAVARRO, el voluntarioso y singular director general de Tráfico, tan vehemente y espontáneo, está fracasando a ojos vista en su afán de reducir la siniestralidad vial. Si de verdad se quiere reducir esta absurda sangría, que se cobra más de 4.000 vidas al año y es la primera causa de mortalidad de los ciudadanos de menos de treinta años, habrá que actuar de forma multidisciplinar, es decir, aplicando diversas recetas al mismo tiempo: en primer lugar, mejorando las vías, reduciendo sus puntos negros, invirtiendo más recursos en conservación, desdoblando e iluminando las más transitadas, mejorando las señalizaciones vertical y horizontal (que son en este país un verdadero y peligroso desastre). En segundo lugar, reforzando la educación vial, introduciendo la materia en la escuela, perfeccionando el mediocre adiestramiento que hoy proporcionan las autoescuelas, emprendiendo campañas pedagógicas continuas y esporádicas, etcétera. En tercer lugar, modernizando el parque de vehículos, fomentando fiscalmente su renovación y endureciendo la obligatoriedad de las inspecciones técnicas, que deberían ser más exhaustivas que actualmente. Finalmente, estableciendo un régimen sancionador cabal. Con independencia de lo peligroso que resulta atemorizar en exceso a los conductores, es claro que la política de la DGT resulta, además de inútil, políticamente inaceptable. Lo que cabe exigir al director general de Tráfico antes de un puente festivo no es que salga a los medios a anunciar con voz entrecortada por el espanto los muertos que, según las fatales estadísticas, se producirán, sino los accidentes que esta vez van a evitarse gracias a las medidas adoptadas, bien porque se hayan eliminado terribles puntos negros en tal o cual lugar, bien porque se haya mejorado la señalización o porque vaya a haber en determinados tramos más vigilancia policial. La lucha contra la siniestralidad no puede plantearse a partir de la premisa de que todos los conductores somos unos energúmenos a los que hay que meter físicamente en cintura. No sólo porque ello será completamente ineficaz sino porque tal propensión es políticamente inadmisible en un Estado moderno, en el que ninguna administración puede tratar a los ciudadanos con la arrogancia de pensar que son sujetos inmaduros a los que es preciso tutelar. Existe, en fin, un serio error de concepto en la ejecutoria de la DGT, que explica sus fracasos presentes y futuros: nunca podrá conseguirse un fecundo pacto de convivencia -ni siquiera en las carreteras- sobre el fundamento del miedo a la sanción, sino mediante una apelación inteligente a la razón y la voluntad.