Reformar el Estatuto autonómico desde el europeísmo

Si los EUROPEOS estamos de acuerdo en algo es en la necesidad de construir una entidad que traduzca a términos políticos la historia, cultura, valores e intereses que compartimos. Es la Unión Europea la que nos abrirá nuevos horizontes de crecimiento vital como europeos y también como ciudadanos del mundo. El lema de esta Unión Europea, en gestación desde hace tantos años y que aún no se ha alumbrado del todo, es, como bien sabemos, «unidad en la diversidad». Es decir: diversidad de trayectoria histórica, de naciones, de lenguas, de culturas, de costumbres... y, sin embargo, unión en los valores más profundos, en la igualdad de derechos y de nivel de vida, unión en un espacio de convivencia común, unión en una identidad que las engloba: la europea. Por eso al presupuesto de la Unión contribuyen más las naciones que tienen más y las que tienen menos aportan menos. Por eso el destino de esos fondos comunitarios es repartirse en función de las necesidades, de manera que el que menos tiene reciba más. El objetivo explícito de este mecanismo es el de nivelar las condiciones de vida de todos los europeos; es el Objetivo 1 de los Fondos Estructurales y de Cohesión. Esto no se hace por caridad sino por justicia y sobre todo por interés común. La Unión tiene tanto futuro como éxito tenga en el empeño de igualar el nivel de vida de todos sus miembros. Imaginemos que se le negase a una nación la existencia y el espacio que en derecho le corresponde dentro de Europa, entonces el futuro de la Unión estaría realmente herido de muerte. Pues lo mismo ocurre dentro de cada nación europea. En España se está negando la existencia de la región leonesa, se está negando a León el ejercicio de los derechos que todas las regiones españolas tienen y ejercen. Por negársenos a los leoneses todo, hasta se nos está negando el derecho a ser una Unidad Territorial Estadística en orden a la cohesión europea. Este atentado contra León y los leoneses lo es también contra España y contra Europa. La solución ideal pasa por la creación de una autonomía leonesa en igualdad de condiciones con las demás regiones españolas. Pero de momento, hoy, a los leoneses se nos sigue sepultando en una comunidad conjunta con Castilla en la que estamos sufriendo un proceso de aculturación castellana. Hasta se ha creado una fundación con el objetivo manifiesto de hacer toda la propaganda que sea necesaria para conseguir que los leoneses nos creamos castellanos y que nos sintamos muy felices en esta comunidad; es la Fundación Villalar. Con la cantidad de necesidades importantes que hay que atender y la de millones que se malgastan y se tiran en esa inútil fundación propagandística. Esta comunidad autónoma conjunta de León y de Castilla es un atentado contra ambos pueblos, pero los más perjudicados somos los leoneses, tanto si miramos los datos socioeconómicos como si miramos la cuestión identitaria. Cada vez más descaradamente, «castellano» equivale a «castellanoleonés» y se usa indistintamente, pero «leonés» no vale como «castellanoleonés». Es decir, ser burgalés no es una manera de ser leonés pero ser leonés sí sería una manera de ser castellano. Esta doctrina, ya conocida como «pancastellanismo», describe los criterios políticos oficiales de la comunidad autónoma y la razón por la que los leoneses somos los perjudicados de este engendro; los únicos que terminaremos por desaparecer. Si fueran coherentes y valientes, suprimirían las referencias a León hasta en el nombre de la comunidad. Esta situación de subyugamiento, dentro de una comunidad que nos niega, ha conseguido que las tres provincias leonesas estén hoy entre las más pobres de España; y eso que la comunidad autónoma ha recibido grandes cantidades de dinero de los Fondos Europeos destinados a la cohesión y a la igualación de todos los ciudadanos europeos, Objetivo 1. La próxima reforma del Estatuto de esta comunidad autónoma conjunta de León y de Castilla abre una puerta a la posibilidad de que nuestra situación empiece a cambiar. Para ello el Estatuto tendría que empezar por reconocer que esta comunidad autónoma está formada por dos regiones, cada una con su trayectoria histórica y con sus peculiaridades de todo tipo, y sobre todo, tendría que reconocer que cada una es sujeto de los derechos que la Constitución reconoce a todas y cada una de las regiones españolas. Pero para ser ello eficaz y no quedarse en meras palabras, también debería recoger una serie de medidas importantes. Apunto las siguientes: -La capitalidad compartida: dos capitales; una leonesa y otra castellana. Así está haciéndose en Canarias cuyo estatuto establece en su artículo 3 la capitalidad compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria; incluso hasta la sede del presidente del Gobierno autónomo alterna entre ambas capitales por periodos legislativos. -Reparto equitativo del resto de las instituciones autonómicas entre ambas regiones. -Asignación de recursos presupuestarios para ambas regiones según los mismos criterios que el Estado utiliza para financiar a cada una de las comunidades autónomas. -Transferencia de competencias y recursos plenos a las instituciones leonesas, diputaciones y ayuntamientos, tal como ya prevé el artículo 26.3 del actual Estatuto. -Atención específica y favorable a las juntas vecinales. -Reconocimiento explícito de la lengua asturleonesa como un valioso patrimonio español y europeo (la Unesco dice que las lenguas son patrimonio de la humanidad) para el que se aplicará lo mandado por la Constitución española en su artículo 3. No tiene sentido, por ejemplo, que no se haya concertado con el Principado un acuerdo respecto a la lengua asturleonesa del Bierzo alto, Babia, Laciana, Cabrera o Sanabria, semejante al que se ha llegado con la Xunta de Galicia respecto a la lengua gallega del occidente berciano y As Portelas en Sanabria. Por supuesto, el Estatuto deberá contemplar el procedimiento de segregación de una o varias provincias para constituirse en comunidad autónoma o para unirse a otra comunidad autónoma ya existente, con tal de cumplir los requisitos constitucionales. Así sea.