Gas y polémica

CUANDO en un sector al que se ha deseado llevar hacia prácticas de fuerte competencia, liberalizándolo o, dicho más exactamente, privatizándolo, aparece un proyecto de concentración como el de estos dos gigantes energéticos, suena alguna señal de alarma y se dispara a menudo la susceptibilidad política, sobre todo en la oposición, ante la sospecha de que el Gobierno de turno está manejando los hilos de la trama. La primera reacción del Partido Popular, nada más conocerse la opa hostil de Gas Natural, ha sido la de oponerse a ella por ser, según el portavoz parlamentario Zaplana, «una operación tremendamente sospechosa». ¿Y por qué? Porque los populares ven «que la influencia de estos grupos minoritarios del tripartito catalán está detrás». Zaplana sólo veía una explicación al asunto: «El pago de facturas políticas». Bien es cierto que la concentración en el sector energético reduciría la competencia actual, muy poco perceptible por el usuario, aunque fortaleciera notablemente a una tercera empresa, que mira el asunto de reojo, como viéndolas venir, tras haberse implicado en fusiones anteriormente frustradas. Se trata de Iberdrola, nombre estrechamente relacionado a la saga de los Oriol, que adquiriría los activos de los que tuvieran que desprenderse las dos entidades fundidas. Iberdrola crecería sin otro esfuerzo que el de pagar unos miles de millones de euros por lo que le caería del cielo de la concentración. Pero no todo está claro, de momento, pues falta el visto bueno de los organismos reguladores, de los que se espera el «leído y conforme», y el resultado de la contraofensiva del PP, cuya conformidad no se espera, pues ya ha pedido la inmediata comparecencia en el Congreso del vicepresidente Solbes y del ministro Montilla, en un intento de politizar al máximo un asunto que, posiblemente, tenga un punto de solapada politización. El Gobierno guarda silencio o predica respeto y prudencia hacia un proyecto mercantil que, en el plano teórico, solo afectaría a los accionistas de las dos empresas. Pero Zaplana insiste en que «si esto prosperase, las decisiones sobre el petróleo, el gas o la electricidad en España estarían en manos de una influencia decisiva del tripartito». A todo esto replica el socialista Pérez Rubalcaba afirmando que los populares que han diseñado esta actitud «han debido pasarse el verano leyendo el Código da Vinci ». La satisfacción de Cataluña es abundante y tan discreta como real. El sector energético tendría a partir de ahora en Barcelona su puesto de mando, por mucho que se diversificasen sus sedes. La Generalitat hace un alarde de discreción y prudencia.