Lecturas y rigidices

EMPIEZAN a abrirse cauces más amplios para una interpretación nada rígida del articulado constitucional sin que los principios de la Carta Magna se sientan de momento sobresaltados. Los socialistas han recibido el dictamen con alivio, y ERC con indisimulada satisfacción. El dictamen considera que los derechos históricos de Cataluña son fundamento del autogobierno, pero les niega capacidad para blindar las nuevas competencias que se reclamen. De ahí que en la próximas semanas el debate catalán vaya a girar en torno al blindaje competencial, colgándolo mediante algún hallazgo semántico de los derechos históricos, a los que el Estatuto «incorpora y actualiza». Es posible que esa actualización e incorporación constituya blindaje suficiente para que las competencias del autogobierno no se vean, a los ojos de la susceptibilidad nacionalista, flotando en el aire. Se desdramatiza la situación creada en la política catalana por el agarrotamiento de la reforma estatutaria, al verse desbloqueada por un dictamen jurídico que hasta pasa por alto algunas escrupulosidades socialistas sobre diez o doce motivos de inconstitucionalidad. Y es que la Constitución no sólo se dotó de su propio mecanismo de autorreforma, sino que dejó un amplísimo campo para que el Estado de las autonomías regulase su propio funcionamiento. Las exageradas reivindicaciones soberanistas se ven limitadas por el Título VIII, y los egoísmos territoriales, por los principios vinculantes de solidaridad interterritorial. Podría encallar el proyecto de estatut nuevamente, pero se tiene la impresión de que todos los partidos catalanes, incluido el PP de Piqué, acabarían consensuando a última hora un texto al que el Congreso de los Diputados no tuviera que someter a serios retoques. El estatuto valenciano va a abrir el camino de Madrid al catalán, y como el primero es fruto del consenso alcanzado por socialistas y populares, sería difícil al PP explicar las razones por las que se negase a apoyar al segundo. Algunas zonas en las que el PP venía atacando duramente al Gobierno, como el desmembramiento de la nación española o la pusilanimidad antiterrorista de Zapatero, parecen ya ocupadas por una realidad que admite muy escasos desenfoques. El Gobierno tripartito de Cataluña está aún a tiempo de fracasar en su empeño estatutario, si CiU y ERC decidieran enzarzarse en una espiral soberanista, pero la recitación monocorde de que Zapatero va fragmentar España es un hábito del que el PP debería desprenderse. Porque hasta los juristas de la Generalitat señalan lo que de inconstitucionalidad debe cepillarse en el proyecto estatutario.