La primera sentencia

EL PRIMER juicio a presuntos implicados en los atentados del 11-S se ha celebrado en España -entre el 25 de abril y el 5 de julio pasados-, y la primera sentencia que un tribunal dicta contra ellos se leyó ayer en un gran pabellón de la madrileña Casa de Campo, dada la importancia, sobre todo mediática, del asunto. La Audiencia Nacional parecía desoír la petición fiscal de 74.000 años de prisión para tres de los procesados, y condenaba a uno de ellos, Abu Dahdah, a veintisiete años, doce por pertenencia a banda terrorista, y quince por conspiración para llevar a cabo un atentado. El atentado contra las Torres Gemelas, se entiende. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró aparentemente satisfecha con la sentencia, y el fiscal Fungairiño, conocido por sus opiniones a menudo desviadas de lo políticamente correcto, pareció acertar ayer en la diana de la corrección política al decir que para la lucha contra el terrorismo «no hacen falta guerras ni campos de detención». Nadie esperaba que Fungairiño formulara una descalificación tan dura de la invasión de Irak y del campo de prisioneros de Guantánamo. Europa sirvió a los organizadores/ejecutores/kamikazes del 11-S como base para la coordinación de los atentados, dada la permisividad/permeabilidad de sus fronteras, pero fue en España donde se produjeron las primeras detenciones, tras el desmantelamiento policial de la célula islamista, vinculada a Al Qaeda, sobre la que ayer dictó la Audiencia Nacional sentencia. Absolutoria, incluso, para seis de los inicialmente implicados. Un abogado defensor arremetió ayer contra la sentencia y anunciaba recurso. Pretendía el letrado que los tres jueces del tribunal volvieran a estudiar primer curso de Derecho porque habrían sentenciado en estado de enajenación, ya que la sentencia carecía de pies y de cabeza. El texto, sin embargo, resulta, al menos en una primera lectura, matizado y coherente. Quedaba cerrado ayer, a expensas de los posibles recursos que se incoen, el primer juicio contra el 11-S, y ahora falta, aunque no sea inminente, la celebración del juicio por el 11-M, más cercano a la sensibilidad española. Esta sentencia de la Audiencia Nacional no crea jurisprudencia ni sirve para realizar estimaciones en torno a las penas que podrían recaer sobre los implicados en los atentados de Atocha, si quedara en juicio bien demostrada su culpabilidad, pero demuestra, como dijo ayer Fungairiño, que en la lucha contra el terrorismo, ni guerra ni campos de concentración.