El Rey y la cuestión territorial

ESTAD atentos: el próximo capítulo de la tensión política abierta por el Estatuto de Cataluña tendrá como protagonista a Su Majestad el Rey. Ya se han empezado a escuchar voces que piden que se pronuncie o echan en falta su voz. Y el Rey habló en Zaragoza. Y dijo mucho. Recordó que en la Constitución se recoge «la indisoluble unidad de la nación española». ¿Se puede entender esto como la entrada del Rey en el debate territorial? Creo que no. Esas mismas palabras, pronunciadas en cualquier otra circunstancia, no hubieran llamado la atención de nadie. Resultarían incluso tópicas. Las hemos escuchado, por ejemplo, en todas las ediciones de la Pascua Militar, y fueron tan obvias, que a nadie se le ocurrió llevarlas a su primera página. Sin embargo, ese recuerdo, expresado al día siguiente de que el Parlamento catalán aprobase el artículo que define a Cataluña como nación, tiene todo el valor de la intención de hacer saber el pensamiento de la Corona. Un pensamiento (me apresuro a decirlo) que no puede ser otro que lo escrito literalmente en la Constitución. No puede ser otro. El Rey, como monarca constitucional, tiene su «libro de conducta» y el guión de sus palabras en la Constitución. Mientras la Constitución no se reforme, no puede ni debe decir nada que no esté en su actual articulado. Y si la ley habla de España como nación única, es ridículo pedirle al Rey que utilice cualquier otra expresión. ¿Puede hacer algo más don Juan Carlos? ¿Qué se le reclama exactamente cuando se le pide que rompa su silencio? Desde luego, no es acertado pedirle que dé un paso más del dado en Zaragoza. El Estatuto catalán, igual que el valenciano, está siguiendo los pasos legales previstos para su reforma. Podrán gustar o no gustar, pero eso es innegable. Podrán, incluso, gustar o disgustar al propio Rey, pero su obligación primera es permitir que el trámite legal siga su curso, como cualquier otra ley orgánica que llegue al Congreso. Esa es su servidumbre, pero también su grandeza. Por lo tanto, sería suicida para el sistema que el Jefe del Estado intentase mediar en algo que, por el momento, no se ha salido de la legalidad. Son las instituciones, desde el Congreso al Tribunal Constitucional, quienes han de decidir si lo que viene de Cataluña se ajusta a la norma fundamental. Dejemos en paz, por tanto, a don Juan Carlos. Pero todos: los que le piden que se exceda en sus funciones, y los que utilizan sus constitucionales palabras para enfrentarlas al Parlamento catalán. Si hubiera una efectiva ruptura de la unidad nacional, el Rey tendría que intervenir, como hizo en otras grandes crisis. Mientras todo sea sólo un debate político, el Rey sólo debe recitar la Constitución.